El separado director de la Caja de Seguro Social (CSS), Juan Jované, presentó un amparo de garantías constitucionales contra la Resolución Ejecutiva No. 1 de fecha de 10 de septiembre, por la cual se resolvió su separación del cargo por incapacidad manifiesta en el ejercicio de sus funciones.
Dentro del recurso se establece que la citada resolución infringió el artículo 32 de la Constitución, que establece que nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, ni más de una vez por la misma autoridad, policiva o disciplinaria.
Señala que la citada norma fue infringida en concepto de violación directa por omisión en virtud que lo actuado por el Ejecutivo es contrario al debido proceso. A la vez señala que si bien el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social concibe la posibilidad que la jefa del Ejecutivo pueda suspender o destituir al director de esa institución, cuando así lo decida la Junta Directiva, esto no puede hacerse de manera arbitraria.
Detalla que una vez recibida por parte de la presidenta Mireya Moscoso la solicitud, ésta debió apreciar su mérito y en caso de acogerla, conceder al director el término de un mes para presentar sus descargos.
También señala que el quebrantamiento del debido proceso es manifiesto, cuando el artículo 21 de la Ley Orgánica señala que la remoción definitiva del cargo sólo será efectiva al agotarse todos los recursos constitucionales y legales vigentes.
Según Jované, lo hecho en su contra fue algo similar a la "inquisición" y que no se le ha permitido defenderse. Añadió que se le impidió la entrada a su despacho para tener acceso a documentos necesarios para su defensa y que debido a esta situación se presentó otro amparo de garantías constitucionales para solventar esta situación.
Por otro lado, reveló que la reunión de la Junta Directiva de la CSS, en la que se ordenó su separación del cargo, tenía un punto único, que era tratar el tema del presupuesto, pero incluyeron el tema de su separación y la compra de insulina.
Alegó que con la presentación de ambos recursos se pone a prueba el ordenamiento jurídico nacional y la capacidad de administrar justicia de manera justa.
En tanto la viceministra de Relaciones Exteriores, Nivia Rossana Castrellón, advirtió que los trabajadores panameños tienen todo el derecho a presentar los recursos que deseen ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la supuesta violación a las instalaciones del Complejo Hospitalario Metropolitano "Arnulfo Arias Madrid".
"En una democracia los obreros tienen todos los derechos de presentar las acciones que le corresponden, lo que puedo decirle que en Panamá hay libertad de tránsito y nosotros pensamos que nadie debe cerrar la vía", acotó.
Precisó que en democracia no se justifica que se cierren vías y se paralice el país, porque no son los mecanismos para lograr soluciones.
Según Castrellón, cuando fue presidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP) en la Comisión Tripartita acordaron los términos de referencia del estudio actuarial, el cual dio como resultado que el déficit de la CSS se agravaría antes de lo planteado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
"Por esta situación es que necesitamos que la administración sea extraordinariamente eficiente, porque conocemos cuál es el déficit del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte", acotó.
Sostuvo que los panameños deben ponerse de acuerdo y dejar de hablar de un modelo económico porque en la práctica hay que salvar la institución.
"Nadie la quiere privatizar sino que debemos buscar soluciones pragmáticas porque el costo que pagaremos todos los panameños será tan alto, que no se lo perdonaremos a quienes no impidieron tomar una decisión", puntualizó.
