Joven de 18 años gana B/.1,500 en la Asamblea como asesor

El nombramiento del joven Rómulo Abad con tan sólo 18 de edad con un sueldo de B/.1,500 mensuales por sus servicios como asesor de la Asamblea Legislativa y los traslados de varios funcionarios del Ministerio de la Presidencia a este Organo del Estado, denunció ayer el dirigente arnulfista Harmodio Arias.
De acuerdo con Arias, Abad fue contratado por el presidente de la Asamblea Legislativa, Gerardo González, por espacio de 4 meses con un salario de B/.1,500 mensuales, y sería bueno saber qué clase de asesoría brinda este joven.
"Es bueno que la población conozca esto para que vea realmente quién está obstaculizando el período de transición", apuntó Arias.
Sostuvo que es totalmente ilógico que un joven de 18 años de edad reciba un salario tan elevado por sólo prestar sus servicios profesionales cuando en la actualidad estudia segundo año de Ingeniería Industrial en la Universidad Santa María La Antigua.
"Hay que preguntarle a Gerardo González qué tipo de asesoramiento le brinda este joven en la Asamblea", señaló.
El contrato del Organo Legislativo establece que a Abad se le reconocerán los viáticos por concepto de misión, de acuerdo con la Ley 44 de 1997, que dicta el Presupuesto General del Estado.
Otra de las medidas cuestionadas es la transferencia del subdirector administrativo y de la secretaria ejecutiva de la Presidencia a la Asamblea Legislativa.
"No entendemos por qué estos funcionarios tienen que trabajar en el Organo Legislativo, estas anomalías alteran el presupuesto del Estado", planteó el exministro de Comercio.
Recalcó que el propio mandatario Ernesto Pérez Balladares deberá corregir estas anomalías porque son medidas que obstaculizan el desempeño de la Presidencia de la República, al eliminar puestos y fondos del presupuesto de la Presidencia y pasarlos a la Asamblea.
Explicó que estos son dos casos que descubrieron, sin embargo, tienen conocimiento que hay otros traslados de partidas y funcionarios hacia el Organo Legislativo.
Precisó que la población tiene derecho a ser informada de estas irregularidades para que conozca que no es Unión por Panamá que está obstaculizando la transición entre ambos gobiernos.