El contralor Alvin Weeden advirtió ayer a los principales gremios docentes del país la necesidad de determinar quién pagará los B/. 750 mil anuales necesarios para administrar el Plan de Retiro Anticipado Autofinanciable para los Educadores.
Weeden mantuvo ayer una reunión con la ministra de Educación, Doris Rosas de Mata, y los dirigentes de las organizaciones docentes, que duró tres horas, para explicarles los desajustes actuariales y financieros existentes en el proyecto de ley que crea el Plan de Retiro Anticipado Autofinanciable para los Educadores.
El contralor aseguró que no objeta el proyecto de ley, sino que "queremos plantear señalamientos dirigidos a enriquecerlo". Weeden hizo hincapié en "el problema de quién va a asumir los costos administrativos del plan", que alcanzan los B/. 750 mil, lo cual ha sido contemplado en el proyecto de ley.
"Lo que queremos es que salga una ley verdaderamente eficiente para garantizarle a los educadores ese retiro anticipado que todos deseamos y una estabilidad jurídica suficiente, de manera que esté garantizado que los educadores van a recibir lo que se les está prometiendo", apuntó el funcionario.
A la salida de la reunión, el secretario general de la Asociación de Profesores de Panamá, José Ramón García, indicó que el contralor enfatizó que "para administrar el fondo, hay que tener una infraestructura que puede estar entre 400 mil y 750 mil (balboas) por año".
El educador reconoció que "la preocupación del contralor es válida". "De acuerdo con el contralor, hay que garantizar que el Plan de Retiro Anticipado no sea financiado por la Caja de Seguro Social
