Jubilación especial para jefes de Seguridad es una artimaña política

El presidente Juan Carlos Varela promueve un decreto inconstitucional que busca jubilar con el 100% de su último salario a altos dignatarios de los estamentos de Seguridad, para garantizar el apoyo de estos funcionarios a su línea política, y a sus medidas impopulares. Así lo valoró este lunes el abogado constitucionalista Miguel Antonio Bernal, quien fue categórico al señalar que esta iniciativa contraviene directamente la Constitución, “en abierta complicidad del Ejecutivo”. Peguen el gritoBernal animó a funcionarios, que por ley pueden “pegar el grito”, para que denuncien y demanden este decreto inmoral que ya firmó el presidente Varela y el ministro de Seguridad, Alexis Bethancourt (uno de los beneficiarios directos). “Puede pegar el grito al cielo el contralor, Federico Humbert, quien se opuso al aumento de bonos de retiro a directivos de la Universidad de Panamá, pero que ahora está calladito”, señaló el jurista Bernal. Agregó que también podrían protestar el Ministerio Público (MP) y la Defensoría del Pueblo, toda vez que estas instituciones están llamadas a actuar cuando hay violación a los derechos humanos, “algo que se está dando con esta medida”, sentenció. Línea políticaPor su parte, el analista político José Blandón, también consideró que esta medida “en el fondo expresa una línea política”. En análisis para NexTV, Blandón advirtió que si se concretan estas jubilaciones amañadas para militares, “otros sectores dirán: ¿por qué a ellos y a nosotros no?”.  En este sentido, el propio Blandón se cuestionó: “¿Qué razón jurídica, razón social o de derechos humanos existe para darle ese privilegio a estos señores?”. Blandón también expresó  que darle altos salarios de retiro a los jefes de la Policía no resolverá el actual problema de inseguridad, sobre todo en momentos donde se nota en esta institución un “relajamiento de la disciplina” y donde “no hay rendimiento de cuentas”, concluyó. IlegalPor su parte el abogado Roberto Troncoso coincidió en que  el decreto 302 con fecha 31 de agosto de 2016, y que establece estas jubilaciones especiales, viola el artículo 19 de la Constitución, que establece que no habrá fueros, privilegios ni discriminación por raza, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas”. El expresidente de Apede, no se mostró extrañado de que en los próximos días surjan demandas por  este tema. Por lo pronto, el Gobierno mantiene en firme el texto aprobado, que ofrece  esta prerrogativa a los “cargos de ministro, viceministro, director general, subdirector general, secretario ejecutivo o subsecretario ejecutivo, que prestan sus servicios en otras dependencias del Estado (que hayan cumplido 25 años de servicios continuos), los cuales podrán jubilarse con el 100% del último salario devengado en el cargo”.  Esto quiere decir que unos 10 militares privilegiados se jubilarían con  desembolsos adicionales del Estado, superiores a los $15 millones. Estos militares ganan en promedio $7,000, suma que se mantendría en su jubilación, mientras que el resto de los panameños solo puede aspirar a un máximo de jubilación de  $2,500.