Presentan iniciativa para castigar llamadas falsas al 911

Las alertas engañosas al Sistema Único de Manejo de Emergencias Prehospitalarias (SUME), conocido popularmente como 911, podrían conllevar sanciones tras la aprobación del anteproyecto de ley No. 303 que adiciona al Código Penal un capítulo de delitos contra los servicios públicos de emergencia con el propósito de castigar a quienes obstruyan o dificulten su labor de manera premeditada.

El documento establece que las personas que sí mismas o por medio de terceros informen sobre un falso hecho de emergencia a las autoridades serán penalizadas con 100 a 300 días multa.

Asimismo, dictamina que quien impida la actuación del personal del Benemérito Cuerpo de Bomberos, SUME, Sistema Nacional de Protección Civil y cualquier otra institución de emergencia, será sancionado con pena de prisión de 6 meses a 1 año o su equivalente en días multa.

La normativa, según su proponente, busca fortalecer la protección penal de los servicios públicos de emergencia, garantizando una respuesta sancionatoria acorde con la gravedad de los hechos en estricto respeto de los principios de legalidad, proporcionalidad y debido proceso.

En los últimos dos años, la cantidad de llamadas improductivas a este servicio ha ido en aumento; cifras del Ministerio de Seguridad Pública muestran que en 2024, el 95% del total de notificaciones (3,151,318) eran falsas, situación que se repitió durante el 2025 con un 55%.

El mandatario José Raúl Mulino en su reciente informe a la nación solicitó a los diputados normar sobre estas acciones que ponen en riesgo la vida de todos los panameños.

"Quiero que hagamos una ley que establezca sanciones ejemplares para quienes juegan con esta herramienta y perjudican a quienes sí necesitan y se debaten entre la vida y la muerte", afirmó.

El presidente señaló que es importante que todos entiendan que la asistencia del 911 es vital; por lo tanto, su central telefónica no debe ser utilizada para "vacilar" como ha venido ocurriendo.

Mulino señaló que para mejorar la atención de los pacientes a nivel nacional se adquirieron 24 nuevos vehículos y monitores desfibriladores.

Además, se inauguró un puesto de paramédicos de ambulancia en Dolega, provincia de Chiriquí.

La normativa deberá ser analizada en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales para su posterior aprobación en segundo y tercer debate.