El Gobierno afirmó que la amenaza de una epidemia de dengue hemorrágico es real, mientras que el Ministerio de Salud reportó 2,220 casos de dengue clásico.
Los transportistas protagonizaron una caravana de buses y taxis, al tiempo que en la Asamblea se presentó el proyecto de reformas a este servicio.
El jefe del Instituto de Medicina Legal, Vicente Pachar, informó que será imposible saber, aún con las exhumaciones, cuántas personas murieron intoxicadas por las medicinas de la Caja.
El segundo vicepresidente de la República, Rubén Arosemena, confirmó que el Gobierno estudiaba como posibilidad crear un nuevo impuesto para aumentarle B/.30 a los jubilados. Dijo que de ese total, la Caja estaba en condición de dar un aumento de B/.10.
El Gobierno acordó dar un aumento escalonado a los jubilados que cobren menos de B/.500. Además dispuso B/.75 millones para refinanciamientos al 7.25%.
Ante la amenaza de un paro de transporte de buses, taxis y colegiales el lunes, el Tránsito anunció que permitirá que los particulares interesados ofrezcan el servicio.
A medida que transcurren los días, la situación se torna más difícil para el director del Tránsito y Transporte Terrestre, Severino Mejía.
Los ánimos empezaron a caldearse el pasado lunes, cuando el proyecto de reformas al servicio de transporte público llegó a la Asamblea Nacional.
Mientras eso sucedía, los transportistas protagonizaron una caravana de buses y taxis por las principales avenidas del país, lo que ocasionó un caos vehicular, pese a los esfuerzos de las unidades de tránsito, por controlar la situación.
Aunado a ello, el pasado jueves, tras una reunión de la dirigencia transportista, se acordó que ningún bus, taxi o colegial ofrecerá el servicio mañana, a nivel nacional.
La medida, según sus dirigentes, no será retirada hasta que salga de la Asamblea el citado proyecto.
El Fuego Cruzado: "Rodríguez vs Gómez"
"Hemos acordado ir a un paro nacional de 24 horas prorrogables, el lunes, para rechazar el anteproyecto de transporte, que modifica la Ley 14 y 34". Luis Rodríguez
"Impedir la prestación del servicio de transporte público es un delito y tiene una pena en el Código Penal, mientras, la Constitución permite al Estado medidas urgentes y extremas, por paros, para ocupar los buses y prestar el servicio". Ana Matilde Gómez
