La escultura "Los Juegos de Antaño" dejó de ser propiedad del Estado el 3 de octubre de 2002, cuando la entonces primera dama, Ruby Moscoso de Young, logró que el Ministerio de Economía se la donara a la Fundación Pro Educación Integral de la Niñez y la Juventud, de la cual ella era su presidenta.
La donación se dio dos años después que la Asociación de Artistas Plásticos y la Asociación de Conservadores y Restauradores de Panamá interpursieran una denuncia penal por presuntas irregularidades en el contrato suscrito entre el Gobierno de la presidenta Mireya Moscoso y el escultor colombiano, Héctor Lombana.
Dudas.
A pesar que no se había resuelto el litigio jurídico, la fundación recibió el monumento valorado en B/ 245 mil que estuvo a cargo del Museo Panamá del Niño y la Niña, también conocido como el Museo del Tucán.
Sin embargo, esta fundación fue disuelta en 2004, por Moscoso de Young, en un acto notariado identificado con el número de escritura 15696, firmado por Noemí Moreno Alba, en ese entonces Notaría Pública Décima.
En el documento consta que la ex primera dama se presentó en la notaría para finiquitar la disolución de la fundación: "toda vez que los fines para los que fue creada en adelante resultan imposibles".
En tanto, Carlos Fitzgerald, ex director nacional de Patrimonio Histórico, aclaró ayer, que cuando se trasladó el monumento de ATLAPA hacia el Museo del Tucán, ni él ni su despacho tenían competencia para ello, ya que el museo no era parte del Instituto Nacional de Cultura (INAC).
¿Sustentación de donación? En la solicitud de transferencia de las piezas de "Los Juegos de Antaño", firmado por el ex ministro de Economía, Norberto Delgado, se indica que la fundación es una entidad "sin fines de lucro, dedicada a promover el desarrollo integral de la familia y las comunidades fortaleciendo los valores humanos y principios familiares y sociales".
Pero, en la misma nota se advierte claramente que el monumento no podría ser transferido a terceros "sin autorización previa" del Ministerio de Economía, en presencia de la Dirección de Catastro y la Contraloría General de la República.
Antecedentes.
La fundación era presidida por la ex primera dama y tenía como tesorera a Katia de Gracia, esposa del ex ministro de Salud, Fernando Gracia y como secretaria a Gishlana de Singares. También la integraban Hernán Arias, fiscal, Ana Rebeca de Chanis y Luis Fassano, ambos vocales.
Para ser miembro de esta fundación, que manejó parte de los B/ 70 millones donados por Taiwán para obras gubernamentales, las reglas eran bien claras: "Se requiere ser cónyuge del funcionario o funcionaria de nivel político o directivo".
Esos B/ 70 millones fueron transferidos del Banco Nacional de Panamá a un banco privado sin dar cuenta a la Contraloría General de la República.
La Contraloría realizó una auditoría y confirmó que miembros de esta fundación usaron B/ 6 millones para pagar deudas de tarjetas de crédito, cuentas y gastos personales.
