Corresponderá al Juez de Garantías, figura creada con el nuevo Código Procesal Penal, aprobar las escuchas telefónicas que antes eran autorizadas por el Ministerio Público, reveló la magistrada Esmeralda Troitiño.
Según Troitiño la decisión asumida por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en donde se deja sin autorización al Ministerio Público para realizar las intervenciones telefónicas, implica realizar toda una reorganización de las jurisdicción constitucional en esta materia.
A su juicio corresponderá a la Asamblea Nacional discutir y alcanzar un consenso en esta materia, para dejar claro como se tramitarán estas solicitudes.
En tanto, el magistrado Harley Mitchell sostuvo que es urgente la aprobación de un proyecto de ley que desarrolle la normativa constitucional aprobada en las reformas del 2004 y existen diversos grupos que pueden presentar proyectos para desarrollarla.
Hoeveler no va a recular como acostumbran los jueces de otras naciones.
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