Exasperado por las limitaciones que maniataban su labor, uno de los diez jueces ejecutores designados por la Caja del Seguro Social (CSS) a nivel nacional para recuperar dineros que los patronos morosos con la institución, decidió limpiar su escritorio y dejar el cargo.
Así fue confirmado cuando se conoció la carta fechada el 1 de marzo y cursada al director de la CSS, Juan Jované, donde el funcionario anunciaba su "renuncia irrevocable".
El juez ejecutor de La Chorrera, Celestín Jaramillo, se marchó consternado por la falta de apoyo para trabajar. Este rotativo intentó conocer la opinión de Jované, pero se informó que el profesor se encontraba cumpliendo con compromisos adquiridos. No obstante, dos funcionarios de la CSS muy cercanos a la labor de los jueces ejecutores, suministraron la versión de la institución. Noel Vargas, juez ejecutor y a la vez coordinador de los jueces ejecutores a nivel nacional, y Domitilo Pérez, director de Ingresos de la CSS, se afanaron en demostrar los apoyos que recibió Celestín Jaramillo, durante su gestión. Según ellos, a él le fueron atendidas las necesidades. Celestín Jaramillo tomó posesión como juez ejecutor de La Chorrera el día 24 de agosto de 1999, y ya el 20 de septiembre del mismo año, cursaba una nota al jefe de auditoría de la CSS (agencia de La Chorrera) Orlando Urriola, manifestándole que estaba "trabajando solo".
El 8 de octubre cursó otra misiva al director de la CSS, Juan Jované, haciéndole saber algunas trabas que encaraba. "El problema es que se nombró al juez ejecutor y no se instaló ni el equipo humano, ni el equipo de oficina, ni la oficina para que este funcionario actuara", lamentó.
En la misma correspondencia, solicitó una secretaria judicial, otra administrativa, un auto para visitar a los patronos morosos y presionarlos para que paguen y a la vez constatar si tienen en sus locales bienes secuestrables. Solicitó además un teléfono "directo" y un área para la secretaría judicial.
Tras esa misiva se le dotó de un carro, pero hasta allí. Tal como se ve en otra carta fechada el 29 de octubre, cursada al director de la CSS, el juez dijo que de las cinco necesidades más apremiantes solicitadas el 8 de octubre sólo se le ha cumplido con el suministro de un automóvil.
El primero de noviembre, Jaramillo presentó un informe mensual detallando otras insuficiencias, tales como la falta de formularios, falta de sellos del juzgado ejecutor, y allí mencionaba nuevamente que no poseía un automóvil. También se quejó por lo difícil que resultaba hallar los expedientes.
En ese informe reveló que "la cartera morosa que tiene el juzgado de La Chorrera" es de B/. 2 millones 243 mil 585 balboas, pero se quejó de no poder cotejar esa cifra con otra, pues desconocía si existía algún listado al 30 de octubre de 1999, que contenga la totalidad de la cuenta de ese juzgado.
Finalmente, Jaramillo renunció. En una carta fechada el 1 de marzo de 2000, el funcionario anunciaba su decisión, registrando, eso sí, que hasta el ese día había logrado el cobro de 75 mil balboas. Se supo después que al 15 de marzo, el cobro logrado alcanzó los 92 mil 351 balboas.
Todas las quejas se les expusieron a dos funcionarios de la CSS, en una reciente entrevista. Domitilo Pérez, director de Ingresos de la CSS, explicó que "al Juez ejecutor de Chorrera, se le dotó del equipo que él solicitó" y mostró como prueba de ello un documento actualizado al 11 de abril de 2000.
En este documento se deja ver que al juzgado ejecutor de La Chorrera se entregaron dos archivadores de metal (con 4 gavetas), una máquina de escribir electrónica, dos calculadoras electrónicas, otros dos archivadores de metal (con 4 gavetas) y una computadora e impresora. "En relación al personal, tenemos aquí prueba de las gestiones que se hicieron para dotar al señor Celestín Jaramillo, de un secretario judicial que trabajaba en la policlínica de Santiago Barraza. Esta gestión se hizo a nivel de la licenciada Maribel González, directora Nacional de Personal", agregó.
Aquí se le preguntó para precisar, si quería decir que la secretaria ya estaba trabajando en el juzgado, y a ello se contestó que "la secretaria judicial está en proceso de nombramiento. Está dentro del presupuesto", pero se aclaró que el juzgado nunca dejó de funcionar.
Igual se dijo sobre la secretaria administrativa: "Está dentro del presupuesto", y "está en proceso de ser nombrada oficialmente".
Sobre el teléfono, y el espacio para la secretaria, también se habló. Aunque Jaramillo solicitó una línea directa, el funcionario respondió que a su entender "en la agencia existen líneas de teléfono que podían ser utilizadas por el juez ejecutor". Agregó que se "habilitó un espacio" asignado por la agencia. Pérez dijo además que con el propósito de brindar las herramientas necesarias para los jueces ejecutores y secretarios judiciales que trabajan en la recuperación de morosidad, se efectuó un seminario taller el 10 y 11 de febrero donde participaron jueces ejecutores y secretarios judiciales, entre otros. "Eso evidencia el apoyo que se le dotó al juez ejecutor de la Chorrera durante el tiempo que él estuvo allí", terminó diciendo, en un punto de vista que contrasta con el expuesto por Jaramillo en su carta de renuncia: "...nunca recibí el respaldo necesario de las personas responsables de hacerlo".
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