El Juzgado Séptimo Penal abrió causa criminal contra siete exfuncionarios del Ministerio de Vivienda por su presunta vinculación con un peculado de B/.1.2 millones dentro del Programa de Asistencia Rápida para Viviendas de Interés Social (PARVIS) y remitió a un tribunal municipal el proceso seguido contra el exviceministro de esa entidad, Rogelio Paredes.
En su decisión, el juzgado decidió llamar a juicio por el delito de peculado a Cecilia Esther Monteza, Rhona Read de Herrera, Pacífico Alberto Castillero, Jaime Abel Sánchez, Noriel Belisario Ortega y Cirilo Fuentes Abrego. Mientras que a Francisco Javier Solís lo llamó a responder por el delito de infracción de los deberes públicos.
También dio sobreseimiento provisional a favor de Pascual Frías Rodríguez y remitió a un juzgado penal de San Miguelito las sumarias contra Jaime Beitía, Wilfredo Fuller y Kathia Heron, a quienes se les imputa el delito de peculado por faltante de materiales del programa PARVIS, ya que este hecho se registró en el almacén del MIVI en ese distrito.
A la vez se remitió a un juzgado penal de La Chorrera el proceso contra Maritza Soto y Eduvigis Tuñón, dado que se les señala el delito de corrupción de funcionarios, hecho que se registró en las oficinas del MIVI en Arraiján.
En tanto, el expediente seguido al exviceministro del MIVI, Rogelio Paredes, se declinó a un juzgado municipal, ya que el delito de infracción de los deberes de servidor público sólo conlleva pena de días multas y es del conocimiento de este tipo de tribunales.
La fiscal primera delegada Cecilia López, quien dirigió la investigación, estableció en su vista fiscal que los funcionarios del MIVI manejaron con un carácter político la asignación de los PARVIS y que muchos de los materiales nunca llegaron a manos de las personas que los solicitaron.
Así se estableció que existió un supuesto acuerdo con algunos proveedores para suministrar los materiales, pero éstos nunca llegaban a los depósitos del MIVI.
