El proceso contra el presunto narcotraficante José Castrillón Henao ha sufrido una nueva dilatación, cuando el juzgado decimoquinto penal fijó para mayo de 2004 la fecha de audiencia de fondo, al aceptar una petición del abogado Rogelio Cruz para la presentación de nuevas pruebas.
El juicio a Castrillón Henao y a otros 26 imputados estaba fijado para iniciarse mañana, pero Cruz presentó un recurso para suspenderlo hasta ubicar nuevas pruebas.
Castrillón Henao, considerado como el heredero del Cártel de Cali, fue detenido por la Fiscalía de Drogas en 1998 junto a otros 26 presuntos colaboradores, a quienes se les acusó de mantener una red para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos (EU).
No obstante, pese al proceso penal seguido aquí, el gobierno del ex presidente Ernesto Pérez Balladares hizo una entrega condicionada de Castrillón Henao a las autoridades norteamericanas para procesarlo en EU por tráfico de drogas y lavado de dinero.
Durante el proceso en ese país, Castrillón Henao alcanzó un acuerdo con los fiscales que manejaban su proceso y, a cambio de su cooperación, logró una serie de beneficios, por lo que es poco probable que comparezca físicamente al juicio aquí.
El tribunal adoptó la decisión de declarar suspendido el proceso a otros 26 de los sindicados, al entrar en vigencia las reformas al Código Judicial, donde se establece que no se realizarán audiencias a reos ausentes y se aplican limitaciones al tiempo de alegatos en los juicios.
Estas reformas establecen posponer el proceso judicial hasta que se logre la comparecencia de los imputados. Sin embargo, una fuente judicial aseguró que estas circunstancias no se deben aplicar al caso, porque los delitos fueron cometidos antes de la entrada en vigencia de las reformas.
También se informó que sólo se efectuó llamamiento a juicio para seis personas de las que aparecen en el expediente, y que se encuentran ubicadas por las autoridades.
En las sumarias se mantiene a José Castrillón Henao, Irasema Subía, Agustín Avila, Enrique Chan, Yadisle Naraindas Kirpalani y Paola Tejada. En la investigación iniciada en el año 1998, la Fiscalía de Drogas estableció la existencia de una célula ligada al Cártel de Cali, que introducía cargamentos de droga en embarcaciones y luego legitimaba los recursos procedentes de esta actividad en bancos locales.
