"Como presidente de la República, a partir del año 2004, defenderé la economía de mercado", aseguró Víctor Juliao, candidato presidencial por el Partido Arnulfista, durante su participación en el Programa "Pulso Económico", que se transmite por RPC Radio. Pulso Económico es una nueva audición radial dirigida por Aram Cisneros Naylor y sus colaboradores Horacio Estribí y David Saied
Agregó que "estoy firmemente convencido que la empresa privada debe ser el nervio motor que reactive la economía y no el Estado", y puntualizó que "no se debe repetir el error cometido por la dictadura militar, la cual creó empresas ineficientes que se convirtieron en una carga pesada como los ingenios azucareros, para mencionar algunas".
Juliao aclaró que "por eso mi gobierno le dará el respaldo necesario a la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor, entidad que debe velar por el estricto cumplimiento de la Ley", y recalcó que "sólo así el mercado fijará los precios y se evitará la existencia de monopolios y acuerdos entre agentes económicos , perjudiciales a las grandes mayorías".
El precandidato presidencial arnulfista sostuvo un interesante diálogo con los conductores del programa y los radioescuchas, que formularon numerosas preguntas sobre la plataforma de trabajo que desarrollará una vez gane el solio presidencial.
Nelson Serrano, asesor legal de la Dirección Regional de Educación de Panamá Centro, explica que el contador de las escuelas es un funcionario administrativo y la decisión de rotarlos, adoptada por la ministra, no es más que una disposición preventiva por las situaciones que se refieren a estos servidores.
Antes de tomar una medida de esta naturaleza, asegura el funcionario, se realiza una investigación exhaustiva, lo que implica que no se ejecutarán acciones contra estos funcionarios hasta tanto no haya pruebas de que se cometió la falta.
Las sanciones por estas faltas están contenidas en el Código de Sanciones y el decreto 6-18 del 9 de abril de 1952, que incluye cuatro tipos de penalización, siendo éstas, la represión verbal, la escrita, el traslado y, en última instancia, la destitución.
Cuando se trata de malversación o mala administración de fondos destinados a la educación, el artículo V literal F, del decreto 6-18, prevé la destitución, siempre y cuando se pruebe que el director, maestro o profesor ha incurrido en esta falta, medida que en esta dirección regional no se ha aplicado en los últimos tres años, pero sí se han dado traslados, señaló el asesor.
Un vocero de los contadores, que pidió reserva de su nombre, dijo que "los contadores no tienen la culpa ya que su trabajo es auditado regularmente por funcionarios de la Contraloría, que muchas veces ven las situaciones y se quedan callados".
Señalan que como administrativos son muy golpeados y a nadie le ha importado su situación. Por otro lado, trabajan en situaciones de riesgo, pues no tienen un seguro ante cualquier robo y ganan salarios muy bajos de entre los B/. 200 y 300. Como empleados del MEDUC están bajo órdenes de los directores de los colegios quienes son sus jefes inmediatos y a quienes responden en sus acciones.
Lo que preocupa a la comunidad es que los recursos que se están usufructuando provienen del bolsillo de todos los panameños que aportan con el seguro educativo los dineros para una mejor educación en el país.
De estos fondos, la ley establece que un 27% serán destinados para atender los centros de educación básica general y media, es decir la primaria y secundaria y se incluye ahora a los centros operados por el Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE).
Tal como explica la jefa de la Oficina de Seguro Educativo estos fondos deben utilizarse para el mantenimiento y reparación de los colegios, mantenimiento y compra de equipos, material didáctico y un porcentaje debe destinarse al bienestar estudiantil que atiende los programas de comedores escolares, transporte de estudiantes, asistencia a programas recreativos y culturales y donaciones a estudiantes que no se pueden costear sus estudios.
En cuanto a los montos destinados a cada escuela, la ley establece criterios específicos para la asignación de estos recursos tomándose en cuenta el número de estudiantes y las necesidades de los colegios.
El factor dominante es el número de estudiantes y el monto que se asignaba era de cien balboas por alumno, pero con la nueva ley, dado que se incrementa el número de centros, se estima que será de unos 30 balboas, ya que el presupuesto que se emplea es el mismo, pero se incrementa la cantidad de beneficiarios.
A la fecha, a los nuevos centros que se adhieren no se les ha hecho los desembolsos correspondientes porque se encuentran en la etapa de reglamentación de la ley y se atiende a los planteles que estaban dentro del sistema.
En cuanto a las nuevas formas de manejo de estos dineros que estipula la ley, Jiménez considera que con los controles que se aplicarán se podrá prevenir que situaciones de malversación se vuelvan a presentar. El interés en este caso es prevenir que no se vuelvan a presentar.
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