Aunque manifestó que es muy prematuro formalizar una candidatura de este tipo, precisó que hay muchos grupos a lo interno del colectivo que se lo están pidiendo.
"Si las bases de mi partido así lo quieren, yo no los voy a defraudar. Por ahora estoy muy ocupado por hacer obras para este Gobierno y para todos los panameños, a través del Ministerio de Obras Públicas", enfatizó.
Juliao se refirió también a las diferencias internas que han surgido en el opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), asegurando que en el Partido Arnulfista no ocurrirán esas pugnas al ser un colectivo más tranquilo. "Acá la gente no sale así a darse tantos insultos y tantas cosas", agregó.
Lamentó además que el expresidente Ernesto Pérez Balladares esté tratando de utilizar el Gobierno para criticar las acciones del secretario general del PRD, Martín Torrijos.
Por otro lado, las obras para la construcción del segundo puente sobre el Canal ya empezaron, debido a que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) aprobó los planos para la excavación y se están realizando las perforaciones de tierra.
Indicó que inicialmente hubo algunos problemas, pues para la construcción del segundo puente tiene que haber la autorización y coordinación de la ACP, la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), el MOP, entre otras entidades del Estado.
De acuerdo con el expediente, instruido por la Fiscalía Tercera Superior, Aracelly Jazmín Lorenzo presentaba en su cuerpo 19 heridas punzocortantes que le lesionaron el estómago, el hígado y el corazón, provocando una intensa hemorragia.
En el caso de su hermano Noel Lorenzo, éste fue perseguido por sus atacantes antes de recibir siete heridas mortales con arma blanca, mientras que otro hermano menor logró escapar y avisar a las autoridades.
De acuerdo con el fiscal tercero superior, Rolando Rodríguez, en este caso se conjugan varias situaciones: el intento de abuso sexual a la menor, la baja escolaridad de los atacantes y la falta de un empleo.
Las investigaciones realizadas indican que los atacantes aprovecharon la soledad del lugar y la vulnerabilidad de los jóvenes para ejecutar el ataque violento con ventaja.
Cada día, Interpol Panamá recibe requerimientos para la ubicación de niños desaparecidos en países como Estados Unidos, México, Costa Rica y Canadá, en donde se sospecha que redes dedicadas al secuestro de menores operan clandestinamente.
Las alertas son recibidas con las fotos de los menores que se difunden para ser distribuidas localmente, con la finalidad de que el público pueda reconocer sus rostros, pero en la mayoría de los casos nunca son ubicados.
Una caso resuelto satisfactoriamente, y en donde el Organismo de Investigación de Costa Rica (OIJ) y la Policía Técnica Judicial (PTJ) de Panamá participaron en forma conjunta, fue el rescate de los menores Charles y Bellalina Gallo, quienes fueron raptados por su padre del Colegio Real, ubicado en el Corregimiento de San Francisco, con la colaboración de dos agentes policiales y un detective privado que los sacaron a la fuerza de su salón de clases.
Charles Gallo, padre de ambos menores, logró sacarlos del país y llevarlos a Costa Rica, pero en el Aeropuerto Juan Santamaría de ese país, agentes de la OIJ lo detuvieron, tras ser alertados por la Interpol.
En este caso, la intervención de un fiscal de la ciudad de Alajuela, Costa Rica, permitió la repatriación de ambos menores para ser entregados a su madre Flor Medalia. En las investigaciones se estableció que el padre de los niños pagó a los ex agentes de la PTJ, Gilberto Atencio, Johnny A. García, Rolando Quintero y al detective norteamericano Bred Maicholson una fuerte cantidad de dinero para ejecutar el rapto.
También las autoridades ticas y panameñas debieron colaborar para esclarecer el asesinato de la niña Cristal Out, decapitada por su madre en el año 1997, cuando fue raptada por su madre biológica, Mariela Fernández, de manos de sus padres adoptivos residentes en el sector Sur de Tocumen.
Este caso fue especialmente estremecedor, ya que la menor fue decapitada por su madre, quien ejercía la prostitución, y la había abandonado en el año 1993, para luego ser adoptada por Digna Rodríguez de Márquez.
Por la forma en que se suscitó este hecho, se criticó fuertemente la actuación de la juez de menores Rosenda Sarmiento, quien dispuso entregar a la menor a su madre biológica, a pesar de que la había abandonado cuatro años atrás.
En sus declaraciones, Mariela Fernández confesó haber asesinado a su hija porque ésta le estorbaba y además, aceptó que la maltrató en varias ocasiones durante el viaje de Panamá a Costa Rica.
Convención Americana de Derechos Humanos (Ley 15 de 28 de octubre de 1997)
Convención sobre los Derechos del Niño (Ley 15 de 16 de noviembre de 1990)
Convenio sobre los Aspectos Civiles de Sustracción de Menores(Ley 22 de 10 de diciembre de 1993)
Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional (Ley 33 de 28 de mayo de 1998)
Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores (Ley 37 de 25 de junio de 1998)
Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias (Ley 38 de 25 de junio de 1998)
Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Adopción de Menores (Ley 105 de 30 de diciembre de 1998)
Convenio sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo (Ley 17 de 15 de junio de 2000)
Convención sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación (Ley 18 de 15 de junio de 2000)
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a la Venta de Niños, Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía (Ley 47 de 13 de diciembre de 2000)
Protocolo Facultativo de la Convención Sobre los Derechos del Niño Relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados (Ley 48 de 13 de diciembre de 2000)
Acta de Fundación de la Organización Iberoamericana de la Juventud (Ley 51 de 13 de diciembre de 2001)
El Estado panameño ha suscritos en los últimos años más de 12 convenios para la protección infantil, con los que se pretende dejar sentada la voluntad de las autoridades para promover legislaciones protectoras de los niños, niñas y adolescentes.
En noviembre de 1990, la Asamblea Legislativa, mediante la Ley 15 aprobó la Convención sobre los derechos del niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que en su artículo 6 establece que las partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida y se garantizará en la máxima medida su supervivencia y desarrollo.
En tanto, la Ley 37 de 25 de junio de 1998 aprobó la Convención Interamericana Sobre Tráfico Internacional de Menores, que surgió a raíz de la detección de redes internacionales dedicadas al tráfico de infantes y que establece normas entre los países signatarios para hacer frente a este flagelo.
También en junio del año 2000 se aprobó la Ley 17, mediante la cual se aprobó la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción efectiva para su eliminación inmediata. Lo mismo hizo con la Ley 47 de diciembre de ese mismo año, con la que Panamá se adhirió al Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la venta de niños, prostitución infantil y a la utilización de niños en la pornografía.
Sin embargo, la Presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer, la Niñez y la Familia, Teresita de Arias, afirmó que muchas de estas convenciones son letra muerta, debido a que no se cumplen ni existen los organismos capaces de hacerlas valer.
Explicó que una muestra de ello es el caso del trabajo infantil, tanto en los cañaverales como en la recolección de café en el occidente chiricano. A la vez sostuvo que la explotación sexual de menores de edad y la violencia contra los menores en diversas formas, es una situación cotidiana en el país, que está muy lejos de ser resuelta y que pareciera agravarse.
