La decisión del Órgano Ejecutivo de liberar a todos los detenidos, producto de las protestas en la provincia de Bocas del Toro, y de no procesarlos ni sancionarlos ha sido considerada como una “clara injerencia del Ejecutivo sobre el Ministerio Público, según juristas consultados.
Para Rogelio Cruz, ex procurador de la Nación, “no cabe duda” de que los procesos se iniciaron a petición del Ejecutivo, por lo que parece evidente una injerencia en las actuaciones del Ministerio Público.
Planteó que el delito contra la seguridad interna del Estado que se les imputó a los miembros de la entonces Cruzada Civilista vuelven a aparecer.
“Si estamos en un Estado de derecho, cómo es posible que la Asamblea Nacional apruebe la Ley 30 y el Consejo de Gabinete suspenda la vigencia de varios artículos, cuando las leyes solo pueden ser modificadas por otra ley.
En tanto, el catedrático Miguel Antonio Bernal señaló que luego de la aprobación de la Ley 30 se rompió cualquier “hilo o cordón umbilical” que pudiera existir con la Constitución Nacional.
A su juicio, las acciones son reveladoras, puesto que el Ministerio Público es el brazo represivo del Ejecutivo.
Por espacio de 11 días, la comunidad de Changuinola estuvo paralizada por manifestaciones de trabajadores que exigen la derogación de la Ley 30.
