La decisión que tomó la Subcomisión de Garantías de la Asamblea Nacional de extender a dos meses la fase de investigación contra el magistrado separado Alejandro Moncada Luna es considerada por juristas como una violación al debido proceso.
Dicha subcomisión, en la que actúan como juezas de garantías las diputadas Katleen Levy, Zulay Rodríguez y Ana Matilde Gómez, avaló, el pasado martes en audiencia, la sustentación que dio el fiscal del proceso, Pedro Miguel González, para solicitar la extensión de la etapa de recopilación de pruebas contra el magistrado separado, que es acusado por cuatro delitos, entre estos enriquecimiento injustificado.
González sustentó su petición en los artículos 502 y 504 del Código Procesal Penal, que establecen que cuando la tramitación sea compleja por causa de la pluralidad de hechos y de imputados o víctimas, o por tratarse de casos de delincuencia organizada, se podrá solicitar la aplicación de normas especiales.
Entre estas se mencionan la extensión para la investigación preparatoria y la duplicación de los plazos para algunas actuaciones o celebración de audiencias,
sin embargo, este es un procedimiento no aplicable para el magistrado Moncada Luna.
Esto, según los juristas, porque el tratamiento para magistrados, sus suplentes y el presidente de la República está descrito en un capítulo especial en el que se menciona literalmente, como plazo para realizar la fase de investigación, un término “de hasta dos meses calendario”.
El constitucionalista Miguel Antonio Bernal expresó “dar una extensión de dos meses más, le hace daño tanto al debido proceso como a la sociedad misma, que está a la expectativa de un caso de esta naturaleza”, mientras que el penalista Silvio Guerra aseguró que “ese es un proceso totalmente ilegal”.
Añadió que no se está aplicando el procedimiento preestablecido en el Código Procesal Penal para su investidura como magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
“Si se va a investigar a una persona, lo mínimo que se debe hacer es respetar el debido proceso”, exclamó.
Con ambos coincide el jurista Ernesto Cedeño, quien explicó que de existir conceptos jurídicos antagónicos, el Código Civil establece que la interpretación es favorable a las normas especiales. En este caso, corresponde al Capítulo I del Título VII de procedimientos penales que se desarrollan ante la Asamblea Nacional.
Bernal no está convencido de que se respeten los derechos humanos al mantener la medida cautelar de arresto domiciliario. Por su parte, Cedeño no descarta que por fallas técnicas, y de darse una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se resuelva favorable al magistrado.
Mientras Cedeño y Guerra atribuyen las acciones de los diputados al desconocimiento del Sistema Penal Acusatorio, el catedrático Miguel Antonio Bernal puntualizó que estos juicios están encaminados a la “venganza, odios y rencores” y no a la búsqueda de la verdad.
El fiscal Pedro M. González asegura que investigación culmina en febrero
El diputado perredista Pedro Miguel González, fiscal en el proceso de juzgamiento al magistrado Alejandro Moncada Luna, aseguró ayer en entrevista a TVN que con el tiempo adicional otorgado, la investigación debe culminar al 20 de febrero de 2015.
González reiteró detalles que brindó durante su intervención en la audiencia del martes. Dijo que se trata de una investigación compleja y que, sin embargo, en “tiempo récord” ha logrado recabar pruebas en las que halló que empresas contratistas con el Órgano Judicial hicieron transacciones a supuestas cuentas vinculadas al magistrado.
Mientras, las peticiones de la defensa técnica de Moncada Luna, conformada por Sídney Sittón y Gonzalo Moncada Luna, fueron negadas. Los abogados solicitaron que se levantara el arresto domiciliario.
Ayer, Ricky Calvo, asistente del exvicepresidente de la República Felipe Virzi, rindió declaraciones en la Asamblea, dentro de este proceso.
- 52 días de arresto domiciliario y suspensión del cargo tiene hasta hoy el expresidente de la Corte Suprema de Justicia.
