El Ministerio Público es un ente violador de los derechos humanos, a la luz de una Corte Suprema de Justicia (CSJ) que no actúa debido a que vive la crisis más profunda en la historia republicana del país, denunciaron ayer abogados y familiares de funcionarios de la pasada administración, hoy presos políticos.
Mediante una conferencia de prensa, miembros de la familia Mulino, Garuz, Ellis y Pérez, junto a los abogados Rogelio Cruz, Cristóbal Arboleda, José Raúl Mulino, hijo, entre otros, denunciaron las arbitrariedades e ilegalidades cometidas y que se siguen cometiendo de forma reiterativa contra los exfuncionarios, no solo para mantenerlos indebida e ilegalmente privados de su libertad, sino para justificar sus respectivos expedientes que, en realidad, en estricto derecho, no encontrarían ningún sustento jurídico. En el encuentro también participó Gerta De la Ossa, madre del exdirector de la Policía Nacional Gustavo Pérez.
Para el abogado Cruz, la crisis que vive el sistema de justicia panameño ?que carece de un estándar internacional- es de tal magnitud que permite que fiscales tomen decisiones arbitrarias. "El Ministerio Público es un ente violador de derechos humanos. Cómo podemos, entonces, confiar en un sistema judicial cuando la cabeza judicial sufre de las penurias y de las calamidades que sufre la Corte Suprema. La Corte vive la crisis más profunda en la historia republicana del país. No tenemos jueces competentes, independientes y sobre todo imparciales. (Porque) Si lo tuviéramos, no habría fiscales arbitrarios y abusivos. Pues desde un principio, cuando un fiscal comete una arbitrariedad, un juez lo pone en su lugar, pero eso no ha venido ocurriendo", sostuvo el jurista.
El también exprocurador afirmó que al final del camino siempre sale la verdad, aunque quedan consecuencias que pudieron haberse evitado si los encargados de impartir justicia actuaran en estricto derecho; "y entonces (luego) se pone en libertad a un individuo que ha pasado largo tiempo en la cárcel y ni siquiera le piden perdón".
"Esta es la tragedia de la justicia penal panameña, por eso todos los panameños debemos velar por tener un sistema de justicia competente, independiente y sobre todo imparcial. Ese es el estándar internacional que exige la Convención Americana y que no tenemos en Panamá, por eso se dan estas injusticias", resumió.
Por su parte, además de lo ya planteado, el abogado José Raúl Mulino, hijo, denunció que, pese a las reiteradas denuncias, las autoridades no están respetando el debido proceso, la presunción de inocencia, el término de las investigaciones ni mucho menos la salud de los detenidos políticos, como es el caso de su padre del mismo nombre, a quien el Juzgado Quinto, junto al exviceministro Alejandro Garúz, le había concedido una medida cautelar y la anulación de parte de lo actuado por el MP al advertir que esta entidad había llevado a cabo diligencias fuera del término legal.
Mulino, hijo, expresó que su padre está detenido por un acuerdo del gobierno, sin que exista un dolo, habiendo un informe de la Contraloría, concebida bajo la gravedad del juramento, que confirma que no hubo irregularidades en el caso por el que se le investiga, en el cual, precisamente, las autoridades están aplicando un doble juzgamiento, prohibido por las normas panameñas.
En tanto, el abogado Cristóbal Arboleda lamentó que exista persecución contra personeros del pasado gobierno, valiéndose de ilegalidades o investigaciones fuera de término, entre otras irregularidades, para sustentar expedientes. "Están impulsando condena anticipada", dijo Arboleda.
