Como una denuncia que se debe investigar y una acción censurable calificaron juristas el seguimiento de espionaje del gobierno de Juan Carlos Varela, a través del Consejo de Seguridad, a dirigentes sindicales y grupos de presión.
A juicio del abogado Ernesto Cedeño, nadie puede interceptar comunicación alguna sin el aval del Órgano Judicial, independientemente del delito que sea, esto quiere decir que cualquier interceptación es inconstitucional.
“Bajo ningún motivo se puede intervenir porque el artículo 29 de la Constitución dice que todas las interceptaciones requieren del visto bueno, la aprobación y la autorización del Órgano Judicial”, así lo explicó Cedeño.
Sin esta autorización, todo lo recabado es ilegal y las personas que practican este tipo de cosas se sujetan a las sanciones que están en el Código Penal, que para un servidor público pueden ser aproximadamente 4 o 5 años de prisión.
Por su parte, Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, considera que de ser ciertas estas escuchas telefónicas, el Ministerio Público debe investigarlas porque no se puede admitir la violación a la privacidad de ningún individuo, como dice la ley.
“No podemos aprobar bajo ninguna circunstancia que se violen los derechos humanos y el derecho a la privacidad individual, esto solamente puede ser alterado en función de una orden judicial, lo cual lo establece la Constitución y la ley”, dejó claro.
El abogado manifiesta que sea quien sea que violente este derecho sin una orden judicial, “es merecedor de la sanción” porque está cometiendo un delito.
Por su parte, el secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), Genaro López, calificó la acción de la administración Varela como una “actitud delictiva del Gobierno”.
Denunció que hay una serie de violaciones que se vienen cometiendo en contra de la mayoría de los trabajadores de este país; “este Gobierno es más de lo mismo”, advirtió.
El sindicalista hizo un llamado a cuidarse porque el Gobierno está dando seguimiento, cuestionando y presionando a los dirigentes, tornando la situación sumamente delicada.
En representación de los grupos docentes, el dirigente Diógenes Sánchez lamentó que se realice esta práctica contra los líderes que mueven grupos y no para capturar información para dar con narcotraficantes y perseguir a delincuentes.
“En nombre de la seguridad del Estado, violan derechos consagrados en la Constitución Política. Lamentablemente, este Gobierno no será la excepción de los gobiernos anteriores”, dijo Sánchez.
Miembros de grupos sindicales, gremios y sociedad civil coinciden en que todas sus acciones están realmente respaldas por las leyes.
Al menos tres de los indagados por el caso de las escuchas telefónicas afirmaron que el Consejo de Seguridad está operando máquinas de escuchas telefónicas o pinchadoras dentro de su división de inteligencia, que opera en el llamado edificio 150 de Quarry Heights, en Cerro Ancón, con especial atención a los “grupos sindicales, de todo lo que hacen como medidas de protestas”.
Camacho espera respuesta del Ejecutivo sobre procuradora Porcell
Luis Eduardo Camacho, exsecretario de Comunicación del Estado y vocero del expresidente Ricardo Martinelli, solicitó al ministro Álvaro Alemán, encargado del Ministerio de la Presidencia, información sobre la procuradora general de la nación, Kenia Isolda Porcell de Alvarado.
Como punto uno, en la carta enviada a este despacho, preguntan si la procuradora laboró en el Consejo de Seguridad y que, de ser así, se les suministre fecha de inicio y el cese de las funciones.
Dirección o departamento en que laboraba, funciones que desempeñaba, jefe inmediato, funciones bajo responsabilidad de este y confirmar si se le asignó el seudónimo “Isolda Pérez” son algunos otros requerimientos.
De contestar afirmativamente las preguntas anteriores, otra interrogante que se hace en la misiva es si mientras laboró en el Consejo de Seguridad, Porcell estuvo vinculada a investigaciones relacionadas con expedientes que se tramitan actualmente en el Ministerio Público y el Órgano Judicial.
