Datos
- 5,080 idoneidades han sido emitidas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de 2010 a 2014.
- 4 años dura la carrera de Derecho en el turno nocturno, que anteriormente eran 7.
Se abre debate sobre el tiempo para estudiar Derecho
- De 4 a 5 años toma la formación académica en Derecho, con una calidad humanística, indicó el decano de esta facultad, Gilberto Boutin,
- mientras que la oferta privada da esta misma certificación en menos tiempo.
- Tiene una duración de 10 cuatrimestres, es decir, de 4 años, además están las que ofertan 3 y 2 años, para poder salir con título en mano.
- Entre los planes se encuentran horarios diversos, además de las clases impartidas solo los sábados.
- En 2006, se aprobó la ley por parte del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Coneaupa), en la que se tocó el tema de evaluar las diferentes universidades. Esto surgió tras una consulta internacional sobre un título médico de una universidad que luego se comprobó no existía en el país, indicó la ministra de Educación, Lucy Molinar.
Para después del 1 de julio se presentará el anteproyecto que modifica la ley que regula la abogacía en Panamá, indicó José Álvarez Soto, presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA).
Álvarez manifestó que la propuesta que sugiere modificar la Ley 14 de 1984, que norma el ejercicio de la abogacía, será presentada, luego de que se conozca cómo estará conformada la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional.

La inquietud resurge ante las altas cifras de idoneidades emitidas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la cantidad de abogados egresados de universidades privadas.
Cuando fuimos a revisar y averiguar, nos dimos cuenta que en muchas de estas universidades los planes de estudios no correspondían a la realidad, dijo el presidente del CNA, quien agregó que hay universidades que otorgan el título de Licenciatura en Derecho en tres o menos años, expresó Álvarez.
Autoridades
Gilberto Boutin, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá (UP), y quien avala el anteproyecto de modificación de la ley, señala que así conforma un control de la calidad de los egresados de las universidades particulares, en virtud del artículo 99 de la Constitución Política le corresponderá a la UP establecer los exámenes finales relativos a las asignaciones en derecho procesal constitucional civil, derecho penal y administrativo.
Boutin declara que esto permite una homogeneidad, control de calidad y una participación más activa en el desarrollo de las ciencias jurídicas.
El decano reveló que la proliferación de universidades ha sido producto del neoliberalismo. Boutin señala que con respecto a este fenómeno el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Coneaupa) ha realizado las correcciones, que provocaron el cierre de 10 universidades.
Explicó que si se llega a aplicar los cambios de la ley, los efectos se verán reflejados entre usuarios y consumidores, tras haber aplicado las pruebas, ya que buscarán certeza y garantía de que su formación educativa sea la correcta.
Edna Ramos, presidenta del Movimiento de Abogados Gremialistas (MAG), considera que es primordial realizar el examen para evaluar el nivel de conocimiento en materia de Derecho, ya que hay una gran cantidad de universidades que están graduando un sinnúmero de abogados que no están capacitados para ejercer de manera correcta la profesión. Además, es necesaria la educación continua, aplicada en muchos lugares del mundo, que no se ejerce en este país.
Ramos apunta que se han realizado diversos intentos por reformar la normativa de la abogacía desde que se dio la proliferación de universidades “improvisadas o de garaje”, que ofrecen la titulación en leyes en dos años.
Para la abogada estos planes produjeron, de manera industrial, una cantidad de abogados con baja calidad en la formación que no solo ejercen de manera privada, sino que se encuentran dentro del Sistema Judicial, lo que afecta la administración de justicia.
Mientras que José Saldaña, de la Organización de Estudiantes de Derecho y Abogados Jóvenes de Panamá, sugirió la proposición de exigir un examen que compruebe la suficiencia profesional y que se requiera pasar por un examen para obtener la idoneidad.
Apoyan, además, la conformación de un consejo técnico, que se convierta en un filtro en control de calidad que verifique que cada estudiante cumple con los deberes y derechos que exige la profesión para proteger las garantías de los clientes.
Bruno Garisto Petrovich, rector de la Universidad Latinoamericana de Comercio Exterior, sobre las reformas a la carrera, expresó que el perfeccionamiento y mejoría del sistema de abogacía en Panamá es un tema que interesa, toda vez que genere un mayor acercamiento con la autoridad.
El rector indica que las universidades han cumplido con los parámetros y sobre los cambios de normativa se debe analizar cómo hacerlo, como el propuesto examen de barra, que no se utiliza en muchos países y que debe ser analizado.
El catedrático señaló, además, que la capacitación continua es un tema que apoya, ya que un abogado idóneo tiene que mantenerse en un sistema de certificación de capacidades, ya que todo cambia.