La firma de abogados de Jorge Fábrega Ponce, que representa a la Caja de Seguro Social en el litigio que esta entidad ha entablado en contra de la empresa ICA Panamá, recibirá pagos de acuerdo a las etapas que se cumplan en el proceso legal, afirmó el director de la entidad, Juan Jované.
Jované explicó que aún no se puede dar a conocer el monto del dinero que se le pagará a la firma, sin embargo aseguró que la cifra pactada es "razonable" y que la entidad, a medida que se cumplan las etapas, está facultada para prescindir de la firma.
Precisó que en estos momentos, la Caja de Seguro Social y la Junta Directiva, están terminando de afinar el contrato, que además de ser razonable, no encarecerá el conflicto, porque queda claro que al final, las costas que se ganen serán para la institución.
Afirmó, que el contrato tiene una "cantidad fija hasta la etapa que llegue el proceso" y en caso que la entidad decida no continuar con la firma se pagará hasta la etapa en que se encuentre el proceso, y en este sentido, Jované dijo que los abogados fueron "bastante condescendientes".
Afirmó, que el jurista Jorge Fábrega, ha demostrado tener una actitud bastante cívica y agregó que tan pronto se firme el contrato, éste debe ser aprobado por la Junta Directiva y posteriormente será dado a conocer a la opinión pública.
Las declaraciones del director de la CSS, fueron confirmadas por el presidente de la Junta Directiva de la entidad, Rafael Medina, quien explicó que la firma fue seleccionada, luego de analizar tres propuestas presentadas a los miembros de la junta.
Aseguró que la suma que se pagará a esta firma, está por debajo de lo que cobraría cualquier abogado de fama y esto fue evaluado, según, Medina por abogados que forman parte de la Junta Directiva.
Explicó que si el proceso no llega hasta el final, o si la empresa se retira del proceso por alguna razón, sobrará hasta la etapa en que se encuentre el litigio. Jované, señaló que en este caso el Estado se ha estado desautorizando, ya que primero dijeron que las tierras tenían un valor, cuando técnicos de la Contraloría y el Ministerio de Economía y Finanzas, estipularon el valor de las tierras, sin embargo ahora afirman "que ese no es el valor" y así no se defienden los intereses del Estado, dijo.
Por otra parte, la Comisión de Obras Públicas de la Asambleas Legislativa inició ayer las gestiones para tratar que el conflicto entre la CSS y la empresa ICA se resuelva fuera de los tribunales de justicia.
Osmán Gómez, presidente de la Comisión, manifestó que harán lo posible por evitar que haya que esperar el resultado del recurso interpuesto por la CSS en contra de ICA en los tribunales de justicia.
Por otro lado, en el día de ayer se presentó ante el Juzgado Décimo Sexto Civil, una petición para que se declare en desacato al Ministerio de Obras Públicas (MOP) dentro del proceso contra la empresa ICA Panamá por el incumplimiento de las normas de construcción del Corredor Sur en el área de Paitilla.
El abogado Miguel Angel Avila presentó el recurso bajo el argumento de que el subdirector Ejecutivo de Estudios y Diseños del MOP, Ernesto Echeverría, incumplió una orden emitida por el juzgado relativo a la presentación de los planos que autorizaban la construcción de un acceso del Corredor Sur en el área de Paitilla, y que ha ocasionado severos perjuicios a los propietarios de varios terrenos en ese sector.
Según Avila, los funcionarios del MOP han incumplido las órdenes del juzgado a resistirse a contestar el cuestionario remitido. Agregó que el término dado por el tribunal venció el pasado 15 de marzo y a la fecha no ha contestado.
Aseguró que el MOP ha mostrado una actitud muy complaciente para con ICA, ya que dentro del proceso manejado por el tribunal se ordenó la ejecución de una serie de inspecciones para determinar si la constructora había cumplido con las normas de construcción para ejecutar una de las salidas del Corredor Sur en el área de Paitilla.
Avila presentó una denuncia de obra nueva contra la empresa ICA por haber incumplido varias normas de construcción, durante la ejecución del proyecto Corredor Sur, pero cuando el juzgado solicitó una serie de planos sobre la obra éstos no le fueron suministrados.
