Una persecución contra sus adversarios políticos y detractores ha desatado el gobierno del presidente Juan Carlos Varela tras minimizar el caso del supuesto falso médico y exasesor de campaña presidencial del actual mandatario, Grimaldo Córdoba, y acelerar los procesos que se le siguen a funcionarios de la pasada administración.
Así piensan sectores políticos y civiles quienes dan por hecho que existen pruebas suficientes como para que el Ministerio Público llame a declarar e inicie una investigación contra una persona que atendió, diagnosticó y hasta recetó medicamentos, incluso a niños, a pesar de no haber obtenido su título como médico, ni mucho menos estudiar pediatría.
Para el abogado Alejandro Pérez, disidente del Partido Panameñista, el Ministerio Público se hace de la vista gorda y hay una clara evidencia de que las autoridades encargadas de hacer las investigaciones solo indagan lo que le asigna la presidencia.
“Hay una confesión de él mismo... Hay videos de los programas de televisión en los que Córdoba ofrecía recomendaciones haciéndose pasar por doctor cuando no lo era. Lo que pasa es que estamos frente a un gobierno que practica la justicia selectiva, si eres de CD, por ejemplo, que te caiga todo el peso de la ley, pero si eres de otro partido, no pasa nada”.
Mientras, sin ánimos de justificar, al jurista Ernesto Cedeño le llama la tención que Córdoba, exvocero de la campaña del entonces candidato presidencial Varela, continúe libre y sin medida cautelar alguna por un delito que conlleva más años de prisión que las escuchas telefónicas, por ejemplo.
“Si el Sr. Gustavo Pérez y el Sr. Alejandro Garuz están en la Gran Joya, porque se les acusa de la presunta comisión de pinchazos telefónicos, que es un delito que contempla hasta cuatro años de prisión, mi criterio es que si el Ministerio Público actúa con objetividad, a Grimaldo Córdoba deben enviarlo rápidamente a La Joya”, aseguró. De acuerdo con el Código Penal, la pena mínima por ejercer la medicina de forma ilegal es de cinco años de prisión.
Otro detalle suspicaz es que Córdoba ya perdió el fuero penal electoral que poseía por haber participado en la contienda electoral de mayo de 2014 cuando corrió como representante del corregimiento de San Francisco, en pleno centro de la capital.
A pesar de que ya no existe blindaje ante un posible proceso, hay sectores que dudan de que a este se le aplique de forma objetiva la justicia.
Así lo cree el jurista y exfiscal auxiliar Neftalí Jaén. “El Ministerio Público debe imprimirle celeridad a este caso, así como lo ha hecho en los procesos que se llevan a cabo contra figuras de Cambio Democrático (CD), porque si no ocurre así, se evidenciaría la persecución política que lleva a cabo la administración del presidente Juan Carlos Varela”, comentó.
No obstante, a pesar de que para la mayoría de los juristas existen elementos suficientes para que se le llame a declarar, a juicio del fiscal auxiliar Marcelino Aguilar, las fotos y videos donde aparece Grimaldo Córdoba haciéndose pasar por médico no son consideradas como medio probatorio. Sin embargo, manifestó que se han movilizado la solicitud de material audiovisual en hospitales y clínicas donde se presume laboró.
Salud en riesgo
Más allá del ribete político que encierra el escándalo, hay quienes observan un delito mucho más grave.
Para el exdirector de la Caja de Seguro Social, Juan Jované. “Es irresponsable el hecho de que una persona juegue con la salud de la población... De hecho hay una falsedad ideológica cuando presentó una idoneidad falsa, eso es un delito porque estoy declarando algo que no es. El Ministerio Público debe profundizar en este tema porque si recetó un medicamento puede que la persona haya sido afectada”, afirmó Jované.
Grimaldo Córdoba, quien fue separado del cargo el pasado 6 de enero, fue vocero oficial de la campaña política de Varela y vocero del cuerpo médico que atendió al exalcalde Bosco Vallarino.
Luego del triunfo de los panameñistas, Córdoba fue nombrado como director nacional de Promoción de la Salud en el Ministerio de Salud (Minsa). Allí fue denunciado por no contar con título universitario.
