Una solicitud a la Relatoría de la Naciones Unidas para que visite Panamá, a raíz de los últimos acontecimientos y analice la situación de la justicia, realizó la Alianza Ciudadana Pro Justicia.
De acuerdo con Magaly Castillo, directora ejecutiva del organismo, también pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que incluya la justicia panameña en su agenda.
Las declaraciones de Castillo se dieron en el programa Semana de TVN Canal 2, en el que se analizó la suspensión de Ana Matilde Gómez y la entrada del procurador designado, Guiseppe Bonissi.
Según la activista, la petición se sustenta en que la independencia del poder judicial se ha visto afectada en las últimas semanas, por lo que es importante que la comunidad internacional se pronuncie sobre lo que sucede en el país.
Indicó que la clase política no entiende que debe existir un diálogo y que los acuerdos tienen que respetarse.
En tanto, el ex magistrado Edgardo Molino Mola consideró que las personas que ocupan los cargos son las que están fallando, no la Constitución Nacional.
Argumentó que para evitar el "desbordamiento de poder del Ejecutivo", es responsabilidad de la Asamblea Nacional y la Corte Suprema de Justicia poner un alto a los excesos.
Sobre el periodo de transición del Ministerio Público, opinó que no debe haber renuncias, sólo en los puestos de libre remoción, porque los fiscales pertenecen a la carrera judicial y están por sus méritos.
Procurador designado
Por su parte, el procurador designado por el Órgano Ejecutivo, Guiseppe Bonissi, expresó que respetará la Constitución y las normas y si las investigaciones contra la Procuradora determinan que debe regresar a su puesto, lo acatará.
Bonissi asegura que no tiene ningún problema en regresarle el despacho a Gómez y volver a la Universidad Marítima.
Informó que hoy se oficializarán los cargos dentro del Ministerio Público y aclaró que todo el que trabaja no debe guardar temor.
Se espera que Rigoberto González entregue su despacho a Nedelka Díaz, quien pasa de la Fiscalía Superior de Chiriquí a la Secretaría General.
Tanto Díaz como el fiscal auxiliar, Giovanni Olmos, fueron procesados durante la administración de Gómez, con la única diferencia de que Díaz fue reintegrada tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia.
