El Ministro de Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino, justificó los indultos presidenciales otorgados a las 47 unidades de la Policía Nacional, a pesar de que algunos de estos agentes eran investigados en el Ministerio Público por casos de homicidios.
Mulino aseguró que las unidades actuaron en el ejercicio del deber y que no se puede tener presos a policías que utilizaron la fuerza letal para prevenir, defenderse o defender a un tercero.
Sostuvo que la muerte de Clarissa Urriola, quien estaba embarazada, y que falleciera el pasado 23 de septiembre a manos de policías en un incidente confuso, ocurrió porque "ella estaba en el negocio y andaba con un conocido narcotráficante y pandillero".
El titular explicó que fue un acto donde hubo intercambios de disparos y que no se podía hablar de víctima.
"En qué andaba.... y con qué personaje del crimen organizado nacional andaba ..., ella estaba allí y su acompañante (Rafael Eusebio Sáenz Salinas) es uno de los más connotados narcotraficantes en Panamá", señaló.
A juicio de Mulino, parecía que los delincuentes estaban siendo llevados a la categoría de "gloria nacional".
Mientras que en el caso de la muerte de los hermanos Rigoberto y Dagoberto Pérez, quienes fallecieron luego que agentes de la Unidad de Mantenimiento y Operaciones Fluviales (UMOF) les disparan en alta mar, Mulino señaló que se trataba de acciones lamentables y tristes, pero que la Policía Nacional y los demás organismos de seguridad están todos los días enfrentándose al delito.
"Cuando usted sale a patrullar de noche está a la espera de que algo pase", indicó.
Por su parte, el director de la Policía Nacional, Gustavo Pérez, expresó que el presidente Ricardo Martinelli, lo único que ha hecho es darle el apoyo total al policía.
Pérez reiteró que “el policía que delinque va directo para la chirola o para la cárcel”.
Sostuvo que en las últimas semanas se han detenido a unidades que han pasado la línea de la Policía Nacional.
Hace una semana, Pérez reveló a Panamá Américaque modificará la Ley Orgánica de la institución, para que aquellos policías sorprendidos en actos delincuenciales sean detenidos, y no permitirá que realicen labores administrativas junto a otras unidades que nunca han cometido un delito.
