Proceso
- Pesquisas
- El 16 de abril de 2012, el entonces procurador José Ayú Prado inicia una investigación de oficio ante informaciones surgidas de fiscales de Nápoles que señalan la supuesta investigación a funcionarios panameños por haber recibido soborno para la construcción de cuatro cárceles modulares.
- Cárceles
- El 24 de abril de 2012 se informó al MP que el proyecto de las cárceles modulares no se llegó a concretar, por lo tanto, no ingresó a la programación de inversiones del gobierno.
- Vista fiscal
- El 25 de marzo de 2013, la fiscal tercera anticorrupción Lorena Lorenzo de Coronell emite la vista fiscal, en la que recomienda al tribunal en mención el autosobreseimiento de este caso, al no encontrar pruebas contra ningún funcionario de este gobierno.
El Juzgado Primero de Circuito de lo Penal decretó el archivo del expediente del supuesto soborno que recibieron funcionarios de este gobierno para permitir la construcción de cuatro cárceles modulares, al decidir el sobreseimiento definitivo por la inexistencia de pruebas.
La investigación que se inició de oficio por el entonces procurador José Ayú Prado y que fue remitida ante la Fiscalía Tercera Anticorrupción, surge tras informaciones aparecidas en medios impresos de la localidad.
El fallo del juez primero Rolando Quezada Vallespi indica que la decisión es impersonal y objetiva porque no se hallaron pruebas que vinculen a funcionarios de este gobierno en actos de componendas o de haber recibido sobornos.
En la investigación que realizó la Fiscalía Tercera Anticorrupción se hizo saber todos los esfuerzos que realizó ese despacho de instrucción para recabar las pruebas, y quedó demostrada la inexistencia de las mismas.
Quedó acreditada en la vista fiscal que se solicitó, una asistencia judicial a las autoridades de Italia para conocer la versión del señor Mario Velocci, pero este se acogió a la garantía procesal de no responder el cuestionario.
Precisamente en las informaciones surgidas en los medios de comunicación aparecen declaraciones de figuras de la oposición política del país que mencionan a Velocci como el que acusaba a los funcionario panameños de recibir dinero a cambio de la contratación de la empresa italiana Svermark Consorcio para la construcción de cuatro cárceles modulares.
Las diligencias realizadas por el Ministerio Público y que fueron validadas por el juzgado, también lograron acreditar que no existe prueba alguna contra Francisco Martinelli, quien había sido mencionado en este supuesto escándalo por parte de algunos medios locales.
Silvio Guerra, abogado de Francisco Martinelli, expresó que en este proceso se logró acreditar que las investigaciones fueron originadas por motivaciones políticas de quienes usaron los medios de comunicación para difamar al presidente de la República y sus familiares. Guerra indicó que la dignidad es un patrimonio sagrado y solo puede ser destruida cuando existen pruebas claras.
