El representante de San Felipe, Mario Kennedy, tendrá que enfrentar 48 meses de prisión, además de la inhabilitación de funciones públicas por el mismo periodo, luego de cumplir la condena principal.
Dicha sanción penal fue impuesta por el Juzgado Sexto de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, y también fueron condenados Viterbo Benavides (tesorero en el periodo 1999-2003) y Adolfo Montepeque (administrador-contador) por el delito de peculado doloso en perjuicio de la Junta Comunal de San Felipe. Ambos recibieron una condena de 48 meses y la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas.
En principio la condena aplicada fue por 72 meses de cárcel, no obstante el juzgado le rebajó una tercera parte, porque se acogieron al proceso abreviado.
Se trató de buscar declaraciones de Kennedy, pero se informó que el político perredista se encuentra fuera del país.
La condena impuesta a Kennedy y a los otros dos funcionarios se da, luego de que la fiscal primera Anticorrupción, Rosa Elvira Pinzón, solicitó la condena para los imputados en la audiencia que se efectuó el pasado 5 de enero de 2012, en la que presentó sus argumentos condenatorios.
La auditoría de este caso fue realizada en el periodo 1999-2003 y de esta se desprende que hubo gastos que no pudieron ser sustentados, como también se registraron supuestas violaciones a las leyes de contratación pública.
Casos.
Otro concejal del PRD que es investigado por el delito de peculado es el representante de Calidonia, Ramón Ashby. Este expediente se mantiene en el Juzgado Undécimo.
La Fiscalía Tercera Anticorrupción solicitó al juzgado llamar a juicio al concejal, luego de que en un informe de la Contraloría se revelara el uso injustificado de fondos de la Junta Comunal de Calidonia, que superaban los 500 mil dólares.
De acuerdo con el Tribunal de Cuentas, la Junta Comunal de Calidonia efectuó desembolsos por 505 mil 355 dólares entre el 1 de septiembre de 1999 y el 30 de agosto de 2003, que no cuentan con la documentación sustentadora y no cumplen con los requisitos establecidos por la Ley de Contratación Pública.
La auditoría fue ordenada en el 2005 por el excontralor Danny Kuzniecky.
El Tribunal de Cuentas también ordenó la cautelación de los automóviles y una finca propiedad del representante.
El decomiso impide que los vinculados al caso puedan desaparecer u ocultar sus bienes con los que se pueden resarcir los daños al Estado, explica el fallo del Tribunal de Cuentas.
Investigación.
En el 2011 el Tribunal de Cuentas también autorizó la cautelación de bienes a nombre del exrepresentante del corregimiento de Bella Vista, Julio Crespo, y del extesorero de la Junta Directiva de esta junta comunal, Félix Reyes Chinchilla, dentro de una investigación por la supuesta comisión del delito por lesión patrimonial calculada en 246 mil 744 dólares.
Según consta en el auto 18-10 del 15 de septiembre de 2010, los exfuncionarios, supuestamente, incurrieron en el manejo inadecuado de fondos públicos asignados a la Junta Comunal de Bella Vista.
Las investigaciones por ese caso las realizó la fiscal Yolanda Austin, luego de que la Contraloría detectó una supuesta lesión en perjuicio del Estado por más de 246 mil dólares.
Las pesquisas empezaron a partir de un informe de auditoría realizado a la Junta Comunal de Bella Vista en el periodo del 1 de septiembre de 1999 al 31 de agosto de 2004, los cinco últimos años de los diez que Crespo fungió como representante.
Sancionesque se dieron en el caso
441- mil dólares es la supuesta lesión patrimonial que fue causada a la Junta Comunal de San Felipe.
- meses fue la condena en principio que se le dio a Mario Kennedy y a otra dos personas.
- meses de prisión es la pena, porque se acogieron al proceso abreviado.
