El Juzgado Sexto de Circuito de lo Penal decretó un sobreseimiento definitivo a favor del empresario Jaime Cucalón y el archivo de la investigación llevada en la Fiscalía Segunda de Circuito por el delito de falsedad de documento, en perjuicio del Ministerio de la Presidencia.
La Fiscalía Segunda de Circuito investigaba la supuesta elaboración de un memorando atribuido a la Presidencia de la República durante la administración de Mireya Moscoso, en el que se ordenaban escuchas telefónicas a dirigentes políticos, empresarios y periodistas.
A raíz de esta investigación, el Ministerio Público ordenó el arresto de Cucalón, pero éste logró consignar una fianza de excarcelación por la suma de $200,000 que le permitió mantener su movilidad en la ciudad capital.
Durante la investigación, unidades de la extinta Policía Técnica Judicial y de la Fiscalía se apersonaron a las empresas Body Color y Grupo Style para examinar un fax desde el cual supuestamente se envió el memorando falsificado con los nombres de las 117 personas a las cuales se debía espiar.
Tras las diligencias realizadas por las autoridades, se logró establecer que desde el citado fax se enviaron a diferentes medios de comunicación copias del documento, supuestamente falsificado, y que luego fue usado por Enrique Montenegro Diviazo para presentar una denuncia pública.
Las pesquisas realizadas por la Fiscalía incluyeron la toma de declaraciones a empleados de las empresas Body Color y el Grupo Style, quienes aceptaron que Montenegro Diviazo era un cliente asiduo de los locales.
Sin embargo, a Montenegro Diviazo se le abrió un proceso separado a este expediente, que fue instruido por la Personería Quinta de Circuito por el delito de falso testimonio. En este caso, el juzgado que conoció la causa dictó un sobreseimiento en su favor.
Cucalón ha negado cualquier tipo de vinculación con los hechos que se le imputan y asegura que las acciones en su contra carecen de fundamento jurídico.
El 11 de enero de 2005, el juzgado sobreseyó provisionalmente a Cucalón, luego sus abogados solicitaron su libertad definitiva aduciendo prescripción del caso, a lo cual el juez accedió.
Fue la entonces ministra de la Presidencia, Ivonne Young, quien interpuso la denuncia.
