La investigación se inició a través de la Fiscalía Séptima de Circuito, luego de que se detectara la presunta alteración de la firma de un juez en un acta de divorcio.
Salió a relucir que uno de los sindicados contactó a una abogada para la tramitación de un divorcio y ésta falsificó la firma de una juez de Familia para legitimar la separación. Luego, otros abogados utilizaron este mismo método para falsificar los documentos, que daban como válidos algunos divorcios.
La acción se realizó con la ayuda de funcionarios judiciales, quienes aceleraron los procesos tras recibir una retribución económica.
Era transportada por vía marítima desde Colombia, a través de Panamá y Guatemala, hasta el mercado norteamericano.
Se informó que los cargamentos provenían del área de Urabá, en Colombia, traídos por mar a Panamá y llevados por tierra hacia Guatemala.
Trascendió que algunas áreas de Urabá, bajo el control de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), eran utilizadas para el transporte de los cargamentos de cocaína hacia los Estados Unidos.
En los últimos días, las autoridades han decomisado drogas y armas vinculadas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
También se incautó gran cantidad de "pegón", que goza de gran aceptación en el mercado centroamericano.
