Con un déficit de $400 millones se enfrentó Martinelli el 1 de julio.
La solución inmediata que aplicó fue ponerse él mismo a cobrar a los concesionarios morosos, mazo en mano, en Amador, expulsando al grupo Figali de un sector que había usurpado.
Lanzó un ultimátum que en 24 horas se tradujo en un desfile de empresarios buscando sus arreglos de pago, de los que ya ha recogido más de $2 millones y otros $28 millones ingresarán entre 12 a 24 meses.
Su segundo paso fue la polémica reforma fiscal, que perdió parte de su fuerza en la puja y repuja en la Asamblea Nacional, reduciendo la expectativa de ingresos de 250 millones a 200 millones de dólares al expandir la base del cobro del ITMBS y del impuesto a la tierra, gravar a la Zona Libre de Colón, casinos y cigarrillos.
Rebajó más de un centenar de partidas arancelarias de productos terminados, con la intención de empujar la reducción de la canasta básica familiar, lo mismo que la tarifa de luz para el sector industrial, pero ha resultado al revés, los precios han subido para el consumidor. En cambio, el productor agropecuario se queja porque las importaciones están provocándole pérdidas de productos al no tener mercado.
Sin más remedio, ha acudido a las partidas extraordinarias para financiar sus promesas de campaña, como el alza de salarios a los policías y el subsidio a los mayores de 70 que no gozan de jubilación, mientras el Estado nutre sus arcas.
Aprobó una ley de moratoria que le ha redituado $73.6 millones en 57 días y otros $81 millones que recogerá en seis meses.
El afán recaudador marcó el paso de los 100 días.
