El pleno de la Corte Suprema de Justicia no podrá ordenar la detención del expresidente Ricardo Martinelli, declarado en rebeldía en la audiencia del 11 de diciembre, por el caso de los pinchazos telefónicos.
La razón es porque el pleno de la Corte no está completo para decidir al respecto.
Ello obedece a que el magistrado presidente, José Ayú Prado, se declaró impedido de conocer los casos que involucran al expresidente Ricardo Martinelli y en estos momentos no tiene magistrado suplente, luego del fallecimiento de Gabriel Fernández, quien ocupaba este cargo.
La advertencia la hizo el profesor Miguel Antonio Bernal, al destacar que debe el Órgano Ejecutivo nombrar a un magistrado suplente, que luego sea ratificado por la Asamblea, para que pueda darse un Pleno completo.
Por el procedimiento que ello toma, no será posible que para este año se logre el nombramiento de un nuevo magistrado suplente que ocupe el cargo de Gabriel Fernández.
En la audiencia del viernes 11 de diciembre, el magistrado de garantías, Jerónimo Mejía, decretó como rebelde al expresidente Ricardo Martinelli y destacó que por ley es competencia del Pleno tomar las medidas para traerlo a comparecer.
También, Mejía decretó la suspensión del proceso hasta que el exmandatario se presente.
Arbitrariedad jurídica
Rogelio Cruz, abogado de Ricardo Martinelli, calificó la audiencia del viernes como una arbitrariedad jurídica, nunca antes vista en el país.
Indicó que el magistrado de garantías debía resolver las advertencias de nulidad presentadas por la defensa de Martinelli, antes de tomar una decisión en cuanto al fondo del proceso.
La defensa de Martinelli había solicitado la nulidad del proceso, por considerar que el magistrado fiscal, Harry Díaz, violó el principio del Código Procesal Penal, al presentar un escrito de acusación sin que se realice una audiencia para imputar cargos.
A juicio de Cruz, Mejía violó la norma que dicta que el juez debe ser imparcial, algo que no hizo en dicho acto.
Detalló que Jerónimo Mejía actuó de manera prepotente y no escuchó a la defensa de Martinelli.
"Pedí la palabra en dos ocasiones y me la negó", dijo Cruz, al advertir que por encima de la Corte Suprema de Justicia está la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Cidh).
Destacó que ya hay jurisprudencia sobre sanciones que ha recibido el Estado panameño por violaciones que se han cometido en el pleno de la Corte Suprema de Justicia.
Cruz puso como ejemplo, el caso del abogado Santander Tristán, quien había sido condenado por un delito contra el honor y luego la Cidh consideró que debía revocarse la condena. "No tropiecen con la misma piedra", exclamó.
Quien también se refirió al caso de Martinelli fue el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), Saúl Méndez, al destacar que se han cometido violaciones en el proceso de Martinelli que, finalmente, terminarán con el archivo del caso.
Cámara de Comercio e Industrias pide respeto al debido proceso
La Cámara de Comercio e Industrias de Panamá también dio su opinión sobre la audiencia contra el expresidente Ricardo Martinelli, argumentando que si bien es cierto los panameños reclaman justicia, las autoridades deben hacerlo cumpliendo “el debido proceso, la presunción de inocencia y los principios que la ley establece”.
El gremio empresarial, por medio de un comunicado, aprovechó esta coyuntura para referirse al nombramiento de los dos nuevos magistrados Ángela Russo y Cecilio Cedalise, a quienes les recomendó que sus “actuaciones sean revestidas de principios éticos y morales, distanciadas ampliamente de la política partidista”.
“Recuperar la confianza ciudadana en la clase política continúa siendo uno de los mayores retos como país para 2016”, concluye el comunicado.
Mientras, Saúl Méndez, del Suntracs, indicó que la justicia se está manejando de manera selectiva en contra de los adversarios al Gobierno.
