Un total de 71 legisladores y ex legisladores, así como a 32 representantes de corregimiento, que fungieron en períodos anteriores y durante el actual ( 2000-2004) son investigados por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial (DRP), por presuntos malos manejos de fondos públicos, revela un documento de la Contraloría General de la República.
El informe precisa que 71 exlegisladores y legisladores de los períodos 1984-1989, 1990-1994, 1995-1999 y 2000-2004, mantienen expedientes abiertos en la DRP.
La información no precisa los nombres de los actuales legisladores que son investigados.
En el caso de los representantes de corregimiento revela que son 32 los investigados, que corresponden a los períodos desde 1984 hasta los que ejercen funciones actualmente.
Tras la caída de la dictadura militar, el entonces contralor Rubén Darío Carles, inició investigaciones y cauteló bienes a varios legisladores que actuaron entre 1984 y 1989, por uso indebido de partidas circuitales y cuyos expedientes, de algunos de ellos, aún se mantienen abiertos.
222 Por presuntos malos manejos de fondos del Estado.
Los ex legisladores que fueron investigados entonces fueron: Romelia de Pardo, Carlos Barsallo, Alicio Rivera, Hugo Torrijos, Jorge Simons, Rafael Abrego (fallecido), Francisco Javier Solís, Guillermo Jiménez, Magdalena Durán, Eben Chi Pardo, Fabio Juárez, Moisés Melamed, Anselmo Guaynora, Lorenzo Sotero Govea, Vianor Serracín, Robustiano Beitía y Gustavo Nelson Collado.
Pero, el entonces mandatario Ernesto Pérez Balladares dictó un indulto en 1994, que favoreció a varios legisladores, que estaban siendo investigados, entre éstos: Carlos Barsallo, Pedro Brin Martínez, Eben Chi Pardo, Anselmo Guaynora, Sotero Lorenzo, Romelia Pardo, Jorge Simons y Hugo Torrijos.
El actual legislador del PRD, Roberto Abrego, figura en una denuncia por supuestas irregularidades en la compra de un auto valorado en B/.20 mil adquirido a través de su partida circuital.
Desde 1984 al 2001, año hasta que funcionaron las partidas circuitales, se estima que los legisladores han manejado casi B/.400 millones en este concepto, creado para que hicieran obras en sus comunidades.
