A la espera de un veredicto

Ayer se publicó el testimonio de Vilma, una mujer que actuó en tres ocasiones como jurado de conciencia. Reveló que en varias ocasiones se sintió "aterrada" e "intimidada" por los acusados.
LOS JURADOS de conciencia no sólo han estado en el ojo de la tormenta por sus veredictos, sino también por otros hechos.
El 31 de mayo de 1999, la Corte Suprema de Justicia sancionó al magistrado del Segundo Tribunal Superior de Justicia, Joaquín Ortega, por instruir al jurado en un juicio.
Bajo la ponencia del magistrado Fabián Echevers, Ortega fue sancionado con la suspensión del cargo y privación del salario durante 30 días.
El Pleno de la Corte sustentó, en una investigación disciplinaria, que Ortega en la audiencia "desbordó la atribución de instruir a los jurados, precisamente en un juicio de conciencia, en el sentido de que no consideraran lo que no está en el expediente, independientemente de lo que haya dicho el fiscal o lo que haya dicho el defensor".
Se trataba de una audiencia contra Agripina Herrera de Torres, ocurrida en 1997, cuyo veredicto fue condenatorio por el delito de homicidio. La denuncia contra Ortega fue presentada por la hija de la imputada.
De acuerdo con las investigaciones, Ortega en la audiencia calificó de "palabras en el aire (que) no tienen absolutamente ningún valor", las argumentaciones externadas y se refirió a las contradicciones en que habían incurrido testigos interrogados durante las sumarias.
A pesar que los fiscales han perdido 26 de 28 audiencias entre el 2005 y lo que va del 2006, la procuradora Ana Matilde Gómez apoya a sus subalternos. Atribuye las constantes derrotas en los tribunales a que las sumarias las instruyeron los fiscales de la administración pasada.
Recuerda que desde hace un año, inició una transformación del Ministerio Público con destituciones y rotaciones. Gómez no quiso precisar si hubo fallas de los ahora ex fiscales al instruir los expedientes.
"Las audiencias en derecho se ganan, y eso es por la valoración que hacen los jueces, en consecuencia, si estuvieran deficientes, mal tramitados o no hubieran pruebas, los jueces no condenarían", enfatizó.
Panamá América reveló que la Comisión Codificadora Nacional propondrá cambios sustanciales a la figura de los jurados de conciencia. Por ejemplo, no tendrán participación en juicios por asesinatos agravados en los cuales participen redes criminales de narcotráfico, blanqueo de dinero o corrupción. Únicamente actuarán en homicidios simples. Tendrán como requisito, haber culminado la educación pre-media y no podrán tener ningún tipo de vinculación con las partes de la causa.
En Panamá se necesita un jurado con la capacidad de entender el proceso legal en el cual participa y que a su vez tenga una actuación imparcial, expresó el fiscal primero superior de Panamá, James Bernard.
Bernard, quien fue en 1994 asistente de magistrado en el Segundo Tribunal Superior de Justicia, cree fielmente en la institucionalidad democrática del jurado de conciencia.
Le preocupa que Panamá enfrente homicidios dolosos, que tienen como protagonista a gente perteneciente al crimen organizado y al narcotráfico, lo que aumenta el peligro para los jurados de conciencia.
Considera que es obligación del sistema garantizarle a los jurados de conciencia su seguridad personal.
(última entrega)