La mayoría de los moradores afectados, sobre todo los que sus casas colindan con los edificios de Punta Pacífica, están interesados en vender, porque dicen que "no se puede vivir en paz por las construcciones".
Iveth Herrera dijo que "está a la espera de que le hagan una propuesta" para salir del área, pero que los inversionistas paguen lo que en realidad cuesta el terreno porque "no somos ningunos congos"., Panamá América
La gran mayoría de los moradores tienen más de 30 años de vivir en ese lugar y no piensan vender sus casas por menos de B/. 800 y B/. 1, 200 el metro cuadrado. Comentaron que les han llegado a ofrecer B/. 200.
Según el arquitecto José Batista, director de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda, lugares como San Sebastián fueron determinados como áreas especiales desde la década pasada.
Eso significa, según Batista, que los terrenos están a libre venta, es decir que el dueño de la propiedad tienen la potestad de determinar si vende o no y si lo hace, establecer el precio que considere conveniente.
Explica Batista que con la construcción del Corredor Norte y con el desarrollo del proyecto de Punta Pacífica, se vislumbraba que la presión urbana iba a tener una incidencia en el área de San Sebastián.
El MIVI ha tenido conocimiento de que allí se han vendido residencias por montos que superan los B/. 100 mil.
Hay un considerable número de nuestros compatriotas que siguen haciendo una fila "informal y angustiosa" en la esperanza de tener la oportunidad de decir lo que piensan y lo que sienten acerca de la propuesta de ampliación del Canal. Esta fila está compuesta por profesionales, por trabajadores, por docentes, por intelectuales, entre los cuales cabe mencionar a las muy respetables "Asociación de Derecho Ambiental" y "Asociación de Ecologistas Panameña", presididas por el Dr. Donaldo Sousa Guevara, que a pesar de sus reiteradas gestiones no han logrado ser recibidos por el Presidente de la República. Estas asociaciones ambientales aducen que el Ejecutivo y la ACP están infringiendo el Capítulo 7º de la Constitución Política sobre el Régimen Ecológico que comprende los Artículos 118 a 121 de la Carta Fundamental. Sostienen al respecto que "en lo referente a la Ampliación del Canal de Panamá, nuestras Asociaciones, consideran que lo más importante es, efectuar previo a cualquier toma de decisión de los panameños, un Estudio de Impacto Ambiental completo.."
Todo lo que afecta el destino de un país debe decidirse a través de una dinámica profunda, libre de toda politización del tipo que se imputa en la columna "Tal Cual" de Mónica Palm, (La Prensa, viernes 23 de junio de 2006, pág. 2A), que se describe así: "Veto: Hay nombres que producen psoriasis en la mente de los gobernantes de turno. Por insólito que parezca, uno de esos es el de Luis H. Moreno. Luego de que los magistrados del TE le solicitaran presidir la junta de escrutinio del próximo referendo, el PRD objetó su designación, puesto que don Lucho profesa otra "ideología política"..".
El mandato constitucional que exige un referéndum nacional para decidir sobre la ampliación del Canal está inspirado en la idea de que en este asunto todo panameño y panameña cuenta. En el tema de la ampliación del Canal a través de un Tercer Juego de Esclusas todos debemos actuar con probidad. Si unos insisten en darle prioridad a sus autismos, si se sacrifica el interés general a favor de un torbellino de ambiciones, ningún panameño y panameña tendrá en el futuro la posibilidad de reconciliarse con sus esperanzas y con la fe en sus instituciones.
