La justicia panameña se ha tornado “selectiva y opera a empujones”. Así la definió el abogado y exprocurador Rogelio Cruz.
Las declaraciones del experimentado penalista, quien también es miembro del cuerpo legal que representa al expresidente Ricardo Martinelli, se dan a propósito de una serie de violaciones al debido proceso que se vienen dando con aval del Ministerio Público.
“Ante este panorama, es evidente que hay cierto sector de la sociedad panameña que está empujando a la justicia, y la justicia se está dejando empujar”, advirtió Cruz.
Las irregularidades parten del desconocimiento de las garantías procesales, de la presunción de inocencia, la reserva del sumario, incluso, se ha pasado por encima del Sistema Penal Acusatorio, que establece que solo se permite investigación (en el caso que se le pretende imputar al expresidente Martinelli) por querella o denuncia.
Y ninguna de estas figuras se ha presentado contra el exmandatario.
Sin garantías
En este sentido, Cruz expresó que la falta de garantías no solo se aplica para el caso Martinelli.
“Veamos también lo que está pasando con Pérez, Garuz y Obarrio. Y en contraposición, el trato especial que les dispensa la justicia a otras personas igualmente señaladas o imputadas”, expresó el abogado.
El jurista Ernesto Cedeño coincide con este planteamiento.
“Todos queremos que se conozca la verdad, pero estas acciones selectivas de la justicia nos ponen a dudar de su independencia. El Ministerio Público debe aplicar un solo librito para todos los casos. No es posible que unos tengan casa o país por cárcel, y otros estén en la cárcel”, indicó.
Pero en el anunciado proceso que se estaría dando en contra el expresidente Martinelli, estas irregularidades adquieren connotaciones especiales, partiendo del hecho público y notorio de que está siendo investigado desde diciembre pasado, pero a la fecha todavía no hay una diligencia que oficialice su imputación.
“La Corte Suprema de Justicia (CSJ) todavía no ha girado ninguna imputación contra Ricardo Martinelli. Y no lo ha hecho porque no tiene elementos para hacerlo”, resumió Cruz.
Para el también abogado Alejandro Pérez, estas “resbaladas” de la CSJ solo podrían tener una explicación: ignorancia inexcusable de los magistrados con respecto a cómo funciona el Sistema Penal Acusatorio.
“Y al sorprendente hecho de que la Corte ni siquiera ha notificado a los abogados del inicio de la investigación que ya está en curso; hay que agregar que tampoco ha pedido el levantamiento del fuero electoral ante el Tribunal Electoral y la inmunidad parlamentaria -que también está vigente- ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen)”, detalló Pérez.
La Corte tiene experiencia con respecto a estos procedimientos, cuando se aplicó la misma figura al expresidente Torrijos.
Para el abogado Rogelio Cruz, no hay diferencia entre un caso (el de Torrijos) y el otro (el que se le pretende aplicar ahora a Martinelli).
“Recordemos que la Corte anuló un proceso contra Martín Torrijos, justamente porque no se había obtenido la autorización del Parlacen para investigarlo. Pero ahora este mismo cuerpo colegiado argumenta que no es necesaria dicha solicitud en el caso de Ricardo Martinelli... por eso digo que la Corte tropieza dos veces con la misma piedra”, sentenció Cruz.
El abogado Cristóbal Arboleda agregó que no se está impartiendo una justicia recta, imparcial y objetiva.
“El único objetivo parece ser satisfacer una sed de venganza de algunas personas. Nadie se opone a que se investigue lo que se quiera, pero que se haga con los procedimientos que establece la ley”, dijo Arboleda.
Valoró que, aunque la CSJ se contradiga ahora y quiera desconocer ciertos lineamientos, lo cierto es que el exmandatario Ricardo Martinelli pertenece al Parlamento Centroamericano, de modo que Panamá debe solicitar el levantamiento de estos derechos, para luego investigarlo.
Pero, evidentemente hay sectores que siguen “empujando” a la Corte para que se tomen otras directrices.
Esto también quedó de manifiesto cuando la Corte negó una denuncia presentada por el economista Juan Jované (contra Martinelli), pero sí aceptó una investigación de oficio de la Fiscalía Segunda Anticorrupción, “que por una serie de fallas no debió ser admitida en modo alguno”, valoró el abogado Alejandro Pérez.
Juicio mediático
En este punto, entra en juego el aspecto mediático. “Se ha querido vender la idea de que todos estos tropiezos se justifican en virtud de que la mayoría de los panameños están sedientos de una justicia inmediata, cuando realmente es una facción interesada en venganza política ahora que pueden impulsarla”, opinó el abogado penalista Neftalí Jaén.
Agregó que todos los panameños tienen derecho a sustentar y expresar una opinión.
“Lo malo es que la justicia se deje guiar o doblegar por la opinión de sectores de la ciudadanía”, advirtió el exfiscal auxiliar.
No obstante, para Esmeralda Arosemena de Troitiño, exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, sí se ha utilizado el procedimiento correcto, aunque reconoció otro aspecto que se le cuestiona a la CSJ: el desdoblamiento en cuanto al papel del magistrado, que aunque está facultado para administrar justicia, en el caso contra Ricardo Martinelli pasa a ser la que investiga.
“La Corte no puede estar asumiendo el papel de investigadora, primero porque rompe un principio del derecho penal: la separación de poderes; el que investiga no debe al mismo tiempo juzgar”, dijo Troitiño en declaraciones a Telemetro.
Agregó que “eso es lo que mandata la Constitución y hay que acatarlo así”.
Mientras los magistrados se las ingenian para improvisar una logística de investigación, sin descuidar sus otras funciones, los abogados del exmandatario siguen en espera de la notificación de imputación.
Procuraduría aplaza recepción de nota de irregularidades en proceso
La abogada Edna Ramos confirmó que la Procuraduría General de la República le canceló ayer una cita que había tramitado con el interés de hacer formal notificación de una serie de irregularidades que se vienen dando con respecto al derecho de las garantías y el debido proceso.
Ramos ya había adelantado en los medios que su comparecencia llevaba la intención de comunicar “las graves violaciones al debido proceso y derecho de defensa” que actualmente imperan en el sistema de justicia, y especialmente en las fiscalías anticorrupción.
No obstante, Edna Ramos, quien ejerce la defensa del exsecretario privado de Ricardo Martinelli, Adolfo De Obarrio, advirtió que pese a la cancelación unilateral por parte de la Procuraduría, insistirá en ser atendida.
La abogada agregó que su cliente se encuentra en el extranjero, justamente porque, según sus palabras, en Panamá no existen las garantías para un proceso justo.
Las cuestionadas violaciones al debido proceso en la justicia panameña también son tema en la red social.
@tonytorm2: Afán de meter gente presa está alejando la inversión extranjera... no ven el daño que le hacen al país.
CarlosCarrillo: Una cosa es querer un debate público y otra es querer una ejecución pública.
@AMOTTAPTY: Si queremos un mundo de paz y de justicia, hay que poner la inteligencia al servicio del amor.
JuanATejada: En el caso Martinelli, debe existir respeto a las garantías constitucionales, incluyendo el debido proceso.
Rogelio Cruz: Contra expresidente Martinelli, estamos ante una justicia a empujones. #Panamá
@ednaramosc: La Junta Directiva del Programa de Ayuda Nacional (PAN) pasa convenientemente agachada, y los medios “shhhhhhhh” con eso.
@ArturoVallarino: Analistas consideran que de continuar la cacería mediática, los problemas políticos se convertirán en económicos, por falta de inversiones.
@ernestocedeno: A Martín Torrijos se le anuló el caso por no seguirse el debido proceso. Bueno, es hacer las cosas con calma para que nada se anule por tecnicismos.
@Pontifex_es: Hoy, es urgente dar un testimonio creíble de la verdad y de los valores del Evangelio.
1 semana se cumple desde que la Corte Suprema de Justicia decidiera iniciar una investigación a Martinelli.
