La llamada "obediencia debida", establecida mediante el decreto 190 que trata sobre el reglamento del Servicio de Protección Institucional (SPI) ha generado reacciones debido a los casos en los que se vincula a agentes de esa dependencia.
Para el dirigente del Comité de Pacientes por el Derecho a la Salud y la Vida Gabriel Pascual, es una burla del gobierno hacia las personas afectadas durante los enfrentamientos entre familiares y afectados por la ingestión de medicamentos contaminados con dietilene glycol y miembros del SPI, ocurrido el pasado 19 de julio.
En ese decreto se exime de responsabilidad a los agentes que realizan acciones en cumplimiento de una orden superior.
