El puente en construcción en la ruta del Corredor Norte, en el sector de La Palmita, comunidad de Torrijos-Carter había colapsado. Eran las 4:30 p.m.
A primeras horas de la noche, miembros del Cuerpo de Bomberos, del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y la Policía Nacional lograron ubicar el cuerpo de Félix Córdoba, de 14 años, mientras que horas después fueron ubicados los cuerpos sin vida de los otros dos menores.
Al día siguiente comenzaron las investigaciones para determinar las causas del derrumbe y establecer las responsabilidades del caso.
Víctor Orobio, abogado de los familiares de las víctimas, acudió al Ministerio Público para presentar formal denuncia criminal por homicidio culposo, contra la empresa constructora Proyectos y Construcciones S.A. (PYCSA) y solicitó una indemnización.
El Licdo. Ramón Quinto Zambrano, abogado de la familia Moreno, reveló que ya se efectuó el primer pago por la indemnización a los afectados y está en proceso el segundo a los familiares de las víctimas.
Gumersindo Moreno, padre del menor fallecido Eduardo Moreno, manifestó que están negociando y aún no han llegado a ningún acuerdo.
"Nosotros no hemos conversado hasta el momento con ningún representante de la empresa PYCSA, las negociaciones siempre han sido con el abogado nuestro, y con los representantes de la compañía aseguradora. Al menos en nuestra casa nunca hemos dialogado con algún abogado o ingeniero de esta empresa", manifestó el padre de la víctima.
Los afectados por la construcción de la segunda etapa del Corredor Norte en Las Palmitas de Torrijos-Carter, además de la tragedia vivida con la pérdida de sus familiares, ahora tienen otra incertidumbre: PYCSA sólo les da dos días para que una vez pagada la indemnización abandonen las casas que ocupan.
Existe un total de 67 familias afectadas por dicha construcción, 19 de las cuales tienen que ser indemnizadas por PYCSA y el resto serán indemnizadas por el Estado.
Todas las familias tienen que hacer entrega al momento del pago de su indemnización de la llave de su casa. Esta exigencia tiene a los moradores en zozobra.
Sólo una familia, los Góngora, habían recibido hasta el viernes pasado un primer pago de B/.25 mil por la indemnización de su vivienda, pero tenían hasta las 4:00 p.m. de ese mismo día para desalojar la residencia.
Durante un recorrido que efectuó El Panamá América el viernes pasado por Las Palmitas de Torrijos-Carter se observó equipos de grúas y camiones de la empresa PYCSA preparados para presuntamente iniciar los trabajos, pero no se informó nada oficialmente.
Uno de los afectados por la medida de PYCSA, César Augusto Rodríguez, manifestó, que está en desacuerdo con lo que les ha propuesto la empresa, ya que ahora tienen que abandonar sus residencias en un plazo de dos días, cuando se había pactado con el ministro de Obras Públicas, Eduardo Quirós, un plazo de treinta días para el desalojo, después de haberle efectuado un primer pago, que corresponde al 15% de la indemnización. " No queremos que nos pase lo mismo, que le ha pasado a la familia Góngora en tener que desalojar nuestra casa en dos días, los señores Góngora no han podido solucionar su reubicación y están esperando un segundo pago", afirmó Rodríguez.
Señaló tampoco queremos un 15%, ni 10% de la indemnización como PYCSA ahora le ha propuesto.
" Ellos (PYCSA) quieren pagar un porcentaje y con esa parte no podemos hacer transacciones, con ninguna compañía, somos de la tercera edad y no tenemos muchos ingresos", expresó Rodríguez.
Por otro lado, Rafael Mendoza, otro de los afectados nos comentó, que la empresa PYCSA concibe dicha negociación de manera diferente, catalogándolo como un acto de venganza por parte de ellos, ya que el ministro de Obras Públicas había dado la potestad de llevarse todo lo que se pudiera, referente a las estructuras de las casas (zinc y demás), mientras que la empresa mexicana PYCSA les ha dicho que todo debe permanecer igual.
14 de diciembre de 2003: Tras un fuerte aguacero se derrumba un puente ubicado en el Corredor Norte a la altura de La Palmita de Torrijos- Carter, provocando la muerte de tres niños, Félix Córdoba, Eduardo Moreno y Michael González.
16 de diciembre de 2003: El ministro de Obras Públicas, Eduardo Quirós, suspende la construcción de la segunda fase del Corredor Norte, en La Palmita de Torrijos- Carter.
19 de diciembre de 2003: El presidente de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, Carlos Penna, informa a Quirós del inicio de investigaciones de oficio sobre la estructura del puente.
20 de diciembre de 2003: El ministro de Obras Públicas multa con B/. 25.000 a la empresa mexicana Proyectos y Construcciones S.A (PYCSA) y ordena demoler los muros de ambos estribos del puente.
22 de diciembre de 2003: Quirós niega responsabilidad al señalar que no correspondía al sitio de la tragedia, cuando certificó en mayo pasado que era segura la construcción de muros en el Corredor Norte.
23 de diciembre de 2003: Familiares de los tres niños fallecidos presentan una denuncia penal por delito de homicidio a directivos de PYCSA.
24 de diciembre de 2003: Cincuenta mil balboas de indemnización ofrece PYCSA, a cada familia de los tres menores fallecidos, cifra que para su abogado Víctor Orobio, es ridícula e indecorosa.
16 de abril de 2004: Víctor Orobio, abogado de los familiares de los tres niños fallecidos, confirma que logró un acuerdo extrajudicial dentro de la demanda civil por daños y perjuicios con PYCSA.
8 de abril de 2004: Gumersindo Moreno, padre de una de las víctimas, manifiesta que está en negociación el segundo pago de la indemnización con la empresa PYCSA.
Son un total de 67 familias las que tienen que ser indemnizadas.
Los afectados amenazaron con realizar protestas a partir de esta semana en las calles. El ministro de Obras Públicas, Eduardo Quirós se reunirá con los afectados mañana.
"Eso está igual, se está cayendo, en estos días cayó un aguacero y se desbarrancó otro pedazo más de este puente. No estamos de acuerdo con que esa infraestructura se continué", indicó Gumersindo Moreno, vecino del área y quien perdió a su hijo durante el accidente del año pasado.
Según el abogado, Ramón Quinto, lo concerniente a las medidas de seguridad continúa sin ser atendidas por las autoridades y la empresa.
Según los residentes, las lluvias han vuelto a poner en peligro a los moradores que observan cómo se desmoronan pedazos del muro.
Indicó de que tiene conocimiento que el Ministerio de Obras Públicas y el Gobierno le han exigido una serie de normas para mejorar la seguridad en la construcción que anteriormente había obviado y fue multado por no cumplirlas.
Dichos residentes declaran que mientras no haya un talud, que soporte el puente, siempre habrá peligro para los moradores, "con estos aguaceros la tierra estará cediendo, hasta que se caiga,"expresaron.
