La pesada carga del trabajo forzoso en América Latina

UN TOTAL de 12.3 millones de personas en el mundo, es decir dos de cada 1,000, laboran en condiciones inapropiadas y contra su voluntad.
Así lo hace saber el informe "Una alianza global contra el trabajo forzoso" presentado esta semana por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que pone especial énfasis a la vulnerabilidad de la población indígena en América Latina.
Pero, otro aspecto que llama poderosamente la atención es que son los agentes privados los que más explotan a las personas. De hecho, de los 12.3 millones que laboran forzosamente, 9.8 millones son explotados por actores del sector privado.
El documento de la OIT destaca que en la lucha por erradicar este tipo de trabajo existen problemas. A la falta de legislación se le suma el desconocimiento del término que limita su persecución, así como los pocos casos de enjuiciamiento que se han dado por este delito en el mundo.
El trabajo forzoso aparece en un país en donde existen deficiencias políticas y en donde hay fallas en el mercado laboral. La OIT lo define como todo servicio que se le exige a un individuo bajo amenaza y para el que dicho individuo no se ofrece voluntariamente, lo que lo convierte en una grave violación a los derechos humanos.
Las modalidades de coacción e imposición más antiguas están revistiendo nuevas apariencias. Estas nuevas modalidades guardan mucha relación con la globalización y las tendencias migratorias recientes.
Así por ejemplo, ha surgido la modalidad de trabajo forzoso por endeudamiento o al ser la víctima un inmigrante indocumentado se le amenaza con denunciarlo a las autoridades de migración si presenta alguna denuncia o si se niega a trabajar.
Actualmente las situaciones de trabajo forzado se caracterizan no sólo por esta forma de coacción, sino por la restricción a la libertad de movimiento, horas interminables de trabajo bajo amenaza de despido y la retirada de los documentos de identidad.
En países en desarrollo como el nuestro, se puede identificar en la trata interna y transfronteriza de personas. El informe señala en especial la trata de niños, pero en Panamá se pudiera catalogar como una forma de trabajo forzoso por endeudamiento el que se efectúa con los inmigrantes asiáticos.
La ex legisladora y actual directora de la Secretaría del Plan Alimentario Nacional (SENAPAN), Teresita Yániz de Arias aseguró que en Panamá se dan casos de trabajo forzoso y que son más cotidianos de lo que nos imaginamos.
Atribuyó el problema no sólo a las autoridades sino a la sociedad que ve los casos y no los denuncia.
Aseguró que ejemplos de este problema son algunas formas de trabajo infantil, el trabajo doméstico y la trata de extranjeras para prostitución con el pretexto de trabajo, así como la inmigración de chinos.
El informe de la OIT señala que un 20% del trabajo forzoso mundial es exigido por los agentes privados como el resultado de la trata de personas. De este porcentaje, un 43% es con fines de explotación sexual y un 32% por explotación económica.
El documento también ubica en los países en desarrollo la nueva modalidad del trabajo forzado doméstico. Señala que muchos niños y adultos salen de áreas rurales a las ciudades para convertirse en víctimas de los empleadores.
Asia y el Pacífico ocupan el primer lugar de regiones con mayor incidencia de trabajo forzoso, tres víctimas por cada 1,000 habitantes. Le sigue América Latina con una relación de cada 2 por 1,000 habitantes.
En América Latina y el Caribe un 75% del trabajo forzado es impuesto por el sector privado con fines de explotación económica. Un 16% lo ejerce el Estado, mientras 9% por explotación sexual comercial.
Las principales víctimas en la región son los indígenas, quienes viven en asentamientos que han fomentado la demanda de mano de obra barata y en donde no existe la presencia estatal que impida la explotación de los trabajadores. Resulta que esta población padece a un mismo tiempo de los efectos de la discriminación y de la pobreza, incluso de la pobreza extrema.
El informe de la OIT señala que aunque en la región se han hecho ingentes esfuerzos por acabar con este tipo de servidumbre rural, no se ha podido impedir la aparición de nuevas modalidades del trabajo forzoso.
Las víctimas, por el ánimo de lograr mejores ingresos, se trasladan a áreas apartadas dentro de su país para laborar en actividades agrícolas durante un tiempo limitado. O bien, llegan a las zonas urbanas o periurbanas a laborar en establecimientos pequeños o grandes empresas.
Los factores que hacen vulnerable a la población indígena son varios.
Existe una débil presencia del Estado, poca inversión en los servicios públicos en las regiones en donde viven, su nivel de alfabetización bajo los hace ser fácil presa de aquellos que los quieran someter a la servidumbre por deudas.
(ver ilustración en la página A4 del diario impreso)