La apertura de un proceso administrativo contra Grupo Epasa por el Tribunal Electoral, así como el fallo condenatorio de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia contra Panamá América, ante una denuncia presentada por el exmagistrado Winston Spadafora, fueron precedentes negativos para la libertad de expresión que fueron señalados por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en su reunión de medio año.
En enero, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena al diario Panamá América y a los periodistas Gustavo Aparicio y Jean Marcel Chéry, a pagar una indemnización a Spadafora de $25 mil.
En ese entonces, el fallo fue ampliamente condenado por gremios periodísticos y medios de comunicación, ya que sienta un pésimo antecedente en lo que respecta al derecho de la fiscalización de la prensa sobre los servidores públicos.
Este fue un proceso entablado contra el diario Panamá América y los periodistas Gustavo Aparicio y Jean Marcel Chéry, quienes informaron sobre la utilización de recursos del Estado a través del antiguo Fondo de Inversión Social (FIS) para la construcción de una carretera y así, presuntamente, favorecer una finca privada del entonces ministro Winston Spadafora.
En enero de este año, el Tribunal Electoral (TE), aplicando una norma del Código Electoral que establece lo referente a llevar un registro de la propaganda de instituciones estatales en los procesos electorales, impuso una multa a la radioemisora KW Continente.
Luego, el Consejo Nacional de Periodismo señaló que “es respetuoso del Estado de derecho y propicia el estricto cumplimiento de la ley electoral, sin excepciones, pero a la vez confía en un intercambio justo de información entre las partes, de forma tal que se eviten malentendidos en torno a la utilización de métodos legales para influenciar en la línea editorial de cualquier medio de comunicación social”.
En el más reciente caso, aduciendo una norma del Código Electoral que señala que las agencias encuestadoras deben registrarse ante el Tribunal Electoral cuando los resultados de sus encuestas vayan a ser divulgados en un medio de comunicación social, el TE abrió un proceso administrativo contra Editora Panamá América y el canal de televisión internacional CB24 por emisiones publicadas el 27 de octubre de 2015 y 15 de febrero de 2016.
Ante esto, las empresas periodísticas ya han presentado sus descargos y el caso está pendiente de una decisión.
