La situación se salió del control de las autoridades, luego que un diario colombiano diera a conocer detalles del desembarco de esas armas en la población de Turbo, en el país sureño. Panamá ha quedado en medio del baile después de que la Policía de Nicaragua asegurara que vendió las armas para uso de la Policía de Panamá y algunos oficiales responsabilizaran al país del desvío del cargamento hacia Colombia.
Antes de que estallara el escándalo, la Embajada de los Estados Unidos también habría alertado a la presidenta Mireya Moscoso sobre un posible trasiego del armamento.
En su momento, monseñor Rómulo Emiliani, ex vicario apostólico de Darién, advirtió al canciller panameño José Miguel Alemán, que se traficaban armas por esa provincia hacia Colombia.
Pero además, diversos contrabandos de armamentos han sido detectados por las autoridades panameñas, quienes han realizado decomisos, no sólo en la capital, sino también en el sector oeste de la provincia de Panamá.
En esencia, el istmo ha sido paso obligado de diversos cargamentos, cuyos propietarios han burlado la seguridad de los distintos pasos aduaneros del país.
¿Cuáles han sido esos cargamentos? He aquí un recuento del más reciente y otros de gran cuantía.
En relación con el escándalo destapado en Colombia esta semana, y que mantiene en vilo a la Policía Nacional, Oris Zoller, propietario de la empresa GIR, S.A., que compró el arsenal a los nicaragüenses, informó que las armas embarcadas en la nave Otterloo serían usadas para darle protección al Canal, tras la salida del Comando Sur de las riberas de la vía interoceánica.
Zoller aseguró que se cumplió con la entrega de la mercancía en Nicaragua y que los empresarios Shimon Yelinek y Marcos Shrem se encargaron de la contratación del barco para llevarla a Panamá, pero que desconocen cómo fueron a parar a Colombia.
“Siempre pensé que las armas eran para la Policía de Panamá, debido a que hubo reiteradas comunicaciones y los pagos se efectuaron a través de transferencias bancarias”, pero dijo no recordar a través de qué banco.
Fuentes de inteligencia también han señalado la relación de Oris Zoller con los servicios de inteligencia israelíes (MOSAD), que habrían contactado a los comerciantes israelíes, Shrem y Yelinek, aquí.
Zoller alegó que estuvo en Panamá reunido en dos ocasiones con Shrem y que supuso era representante de la Policía. Ambos aceptaron los precios y la transacción comercial se ejecutó sin ninguna dificultad.
La información sobre la alerta recibida por Panamá fue admitida por el subdirector de la Policía Técnica Judicial (PTJ), Javier Chérigo, quien indicó que los datos de aquella época indicaban que las armas serían embarcadas en contenedores refrigerados y ocultadas en las paredes de los furgones.
Los datos suministrados en informes de inteligencia indicaban que los fusiles AK-47, granadas y otros materiales bélicos serían recortados del “foam” que recubre las paredes de los contenedores y que luego de ubicadas allí, serían recubiertas con otra capa del mismo material.
En esa ocasión se estableció que la ruta para llegar hasta Colombia sería por tierra, vía Costa Rica-Panamá, hasta llegar a la Zona Libre de Colón para luego realizar un viaje corto por mar hasta Colombia.
Los armamentos serían camuflados, como en efecto se ejecutó, en el Otterloo, como mercancía seca que podría tratarse de hojuelas de maíz y materiales plásticos. Esta información no pareció ser tomada muy en serio por las autoridades locales, aunque fue compartida con agencias de seguridad de varios países centroamericanos que pusieron en estado de alerta sus puestos de control fronterizo con la intención de detectar los contenedores.
También fue tema de discusión durante una reunión de jefes de policía centroamericanos realizada aquí, pero en ese momento las autoridades del área dijeron no tener mayores detalles sobre la movilización de esta carga.
Sin embargo, esto pareció alertar a los contrabandistas que decidieron enviar las armas por mar en lugar de hacerlo por tierra como se había proyectado inicialmente.
En el año 2000 la Policía panameña decomisó tres cargamentos de fusiles AK-47, explosivos, lanzacohetes y otros materiales bélicos en operativos realizados en Chame, Arraiján, Salamanca y la Zona Libre de Colón.
Estos tres embarques fueron movidos, efectivamente, en contenedores que lograron pasar los controles aduaneros de la provincia de Chiriquí y llegaron hasta una residencia en Chame, desde donde serían llevados hasta el sector de Pacora y de allí por mar hasta Colombia.
De acuerdo con las investigaciones, se trataba de una red que utilizaba rutas similares a las usadas por los narcotraficantes colombianos para el trasiego de cocaína hacia Centroamérica, con destino final a Estados Unidos.
En las pesquisas realizadas por el fiscal superior especial, Cristóbal Arboleda, se pudo establecer que la organización criminal tenía varios años de estar operando de manera continua y utilizaba el sistema de ocultar las armas en las paredes de los furgones.
Arboleda dijo que esta red estaba compuesta en su mayoría por colombianos, y las armas eran intercambiadas por droga, método usado en los últimos años por las organizaciones criminales como moneda de pago.
No obstante, las autoridades aceptan que, como ocurre con la droga, los decomisos realizados son menores a la cantidad que logra llegar a su destino, debido a que en ocasiones son desarmadas y pasadas dentro de cisternas que transportan combustible, para luego ser ensambladas.
En el operativo de incautación ejecutado en Chame, Arraijan, Salamanca y la Zona Libre de Colón se ubicaron 281 fusiles AK-47, explosivos C-4, y fusiles M-16.
En los meses de junio, agosto y septiembre del 2000, la Policía decomisó importantes cargamentos de armas, en su mayoría fusiles AK-47, lanzacohetes RPG-7, granadas, ametralladoras PKM, explosivos como C-4 y TNT (trinitrotolueno).
La embarcación “Cherokee Arrow” fue detenida en el Puerto de Coco Solo, Colón con 30 fusiles AK-47, 14 M-16, tres PMK y municiones trazadoras. En esta acción se detuvo a ocho personas.
En agosto del 2001, en el sector de La Siesta, en Tocumen, se confiscaron 10 AK-47, pistolas nueve milímetros y 156 paquetes de cocaína.
El pasado año, en la comunidad de Nuevo San Diego, Pacora, se desmanteló una banda de nueve personas a la que se le incautó un cargamento de AK-47, RPG-7 y ametralladoras M-14. Estas armas iban con destino a Puerto Obaldía, en la comarca Kuna Yala.
A su vez, en 1997 se incautó un cargamento de armas en su mayoría AK-47 y explosivos que tenían como presunto destino Colombia, pero cuyo propietario argumentó que eran armas de la invasión de diciembre de 1989.
En 1998 la Unidad de Terrorismo de Santa Fe de Bogotá, Colombia, solicitó a las autoridades judiciales panameñas, mediante un exhorto, investigar una supuesta red de traficantes de armas colombianos que operaba aquí y tenía nexos con casas comerciales ubicadas en Panamá.
De acuerdo con el exhorto, se solicitaba la ubicación de un grupo de 28 personas presuntamente vinculado al tráfico de armas con destino a los movimientos guerrilleros colombianos y que estarían operando entre Colombia y Panamá.
Tanto la Policía Técnica Judicial (PTJ), como la Policía Nacional han reconocido la porosidad de la línea fronteriza con Costa Rica, debido a la existencia de unas 200 trochas por las que se puede mover cualquier cosa, desde drogas y armas hasta indocumentados.
La PTJ tiene proyectado la instalación en la frontera tico-panameña de un sistema electrónico de vigilancia que sería financiado por organismos internacionales, pero que aún se encuentra en fase de estudio.
Este sistema involucraría el establecimiento de un centro de acopio de información que conectaría a diversos estamentos de seguridad para una reacción rápida ante cualquier situación que atentara contra la seguridad nacional.
Entre las rutas terrestres usadas por los contrabandistas para introducir las armas desde Costa Rica figuran, en la provincia de Bocas del Toro, el sector de Guabito y Bastimento. En tanto que en la provincia de Chiriquí se mencionan las áreas de Río Sereno, Paso Canoa, Piedras Gordas y Las Delicias.
Entre tanto, en la Provincia de Colón se menciona la Zona Libre de Colón, Viento Frío y los puertos de Coco Solo y Cristóbal.
En el área del Pacífico se ha establecido que los puntos más vulnerables para esta actividad son Chame, San Carlos, Juan Díaz, Coronado y Pacora. En Darién se han fijado áreas como Puerto Obaldía y el Río Jaqué.
Por su parte, Carlos Smith, legislador del Partido Revolucionario Democrático (PRD), calificó como débiles las explicaciones dadas por las autoridades para impedir la entrada de armas de guerra al país y que tienen como destino grupos insurgentes colombianos.
Smith señaló que las autoridades ejecutan labores de revisión en Jacú, de los camiones y automóviles que ingresan al país. También lo hace en Río Sereno y en la garita de Risacua, en la provincia de Chiriquí.
Desechó la excusa de la porosidad en la frontera, toda vez que aunque los cargamentos entren por trochas, deben pasar forzosamente por los tres puntos citados en la provincia chiricana.
En octubre del 2001, la Policía solicitó un crédito al Consejo Económico Nacional (CENA) por un monto de B/.3.5 millones, que sería utilizado en equipo para el Servicio Marítimo Nacional (SMN), Servicio Aéreo Nacional (SAN) y la Policía Nacional, pero los encargados de estas instituciones nunca han dado detalles de las compras ejecutadas.
La Policía también compró visores nocturnos para asignarlos a la Policía de frontera, así como morteros, tras un ataque escenificado por guerrilleros en la comunidad darienita de Nazaret, donde falleció una menor de edad y hubo varios heridos.
También la Embajada de los Estados Unidos donó al SMN varias embarcaciones para realizar trabajos de vigilancia en las costas, a fin de interceptar embarcaciones que transporten armas, droga o indocumentados.
Sin embargo, el gobierno nunca ha dado a conocer la cuantía exacta de lo que gasta en materia de seguridad y en la compra de armamentos. Generalmente, al preguntarle al director de la Policía, Carlos Barés, sobre este tema se vuelve muy elusivo y responde que se han comprado “muchas”.
También el abogado Miguel Antonio Bernal ha señalado que el pasado año la Policía anunció la compra de B/.5 millones en equipo bélico, pero nunca se han revelado las cantidades y cómo se ejecutó esta compra. Sobre Vacamonte hay que decir que no hay la menor duda que fue una decisión muy acertada sacarlo fuera de la ciudad para evitar la contaminación que se estaba llevando a cabo en la bahía de Panamá.
Pero con el tiempo es una industria que aporta muchísimo al gobierno y al país.
Si se privatizara Vacamonte se convertiría en un monopolio de los más fuertes, pero hay que mantener el equilibrio en un área que ha sido tan exitosa hasta el momento.
Creo que cuando mejore el servicio de agua, y cuando podamos dragar el acceso, va a mejorar Vacamonte.
Acabamos de instalar unas ocho grúas para manejar las canastas grandes de camarones . Estas grúas existían desde que fue fundado este puerto desde que yo fui director de la Autoridad Portuaria y se hicieron ciertas inversiones.
En esta etapa se ha instalado un sistema eléctrico, se han comprado ocho grúas que están instalándose y sentimos que igualmente hay posibilidades en el futuro de que se pueda dragar el acceso a Vacamonte. ¿Cuál es el calado aconsejable de Vacamonte para ampliar sus actividades?
Actualmente tiene un calado entre 18 y 20 pies. Igualmente entre los proyectos de la Presidenta de la República a través del gobierno japonés, que trajo 17 técnicos para hacer unos y para mejorar ciertos puertos del interior y establecer unos centros de acopio, en particular en la península de Azuero.
Ha aumentado la cantidad de personas que se dedican a la pesca artesanal.
Hemos hecho también una inversión en Puerto Mutis y en otros puertos menores. Igualmente en La Palma y Jaqué en el Darién se han hecho inversiones.
La infraestructura del interior es sumamente importante porque evita la posibilidad de que nosotros tengamos muchas más personas dedicadas a actividades en la capital.
Así tenemos la posibilidad de equilibrar la situación que se presenta en el país.
Los puertos pequeños generan la posibilidad de trabajar en otras actividades a personas de esas localidades y puedan llevar beneficios a sus familias. Y así ya no van a venirse a la capital.
