LA anulación del arbitraje que ordenaba el pago de B/.32 millones a un consorcio francés por la eliminación de una concesión para la construcción de una terminal de transporte en Colón tiene algunas curiosidades.
De acuerdo con el representante legal del consorcio, Gabriel Martínez, algunos hechos de la anulación no están muy claros. El primer es que a la magistrada Esmeralda de Troitiño le tomó sólo tres días analizar un expediente de más cuatro tomos y coincidir con la nulidad pedida por su homólogo José Troyano.
Otra situación, es el hecho que la magistrada Graciela Dixon había realizado observaciones al proyecto inicial de Troyano, por lo que ante esta situación, éste debía perder la ponencia del caso.
En sus observaciones, Dixon señala que anular este tipo de resoluciones dejaría a Panamá en situación precaria en el plano internacional, dado que estaría contraviniendo convenios o tratados internacionales suscritos y ratificados por el país.
También estimó que ello implicaría un retroceso en materia de confiabilidad y aplicación de los métodos alternos de solución de conflictos.
No obstante, a pesar de esa opinión y luego que Dixon pidiera una licencia del 18 al 21 de septiembre para viajar a Brasil, el expediente fue enviado el mismo 18 a la magistrada Troitiño y para el día 20 se producía el fallo donde se anuló el laudo arbitral. En este caso algunos magistrados tardaron meses en dar sus apreciaciones.
El consorcio francés ha advertido que acudirá al Tribunal Internacional de La Haya para presentar una demanda contra el Estado panameño.
La demanda de nulidad contra el laudo arbitral tardó más de 15 meses en resolverse.
En el fallo final el magistrado Winston Spadafora presentó un salvamento de voto por no estar de acuerdo con la decisión. A la fecha la terminal de Colón no se ha construido.
Las intimidades de un fallo
Una magistrada analizó en tres días un expediente de más de cuatro tomos.
