Con lágrimas en los ojos, la alcaldesa Mayín Correa escuchó el veredicto de los magistrados del Tribunal Electoral que rechazó ayer en forma unánime las impugnaciones presentadas a su postulación a la Alcaldía de Panamá, y le dejó el camino abierto para su posible reelección.
Durante una audiencia que se extendió por más de seis horas y bajo fuertes medidas de seguridad, los magistrados estimaron que las impugnaciones presentadas por el fiscal electoral, Gerardo Solís y el abogado, César Debuttó, son infundadas.
El magistrado Erasmo Pinilla, quien actuó como ponente en el proceso, señaló que el fallo de la Corte Suprema de Justicia del 25 de octubre de 1998, al declarar inconstitucional la frase "por delitos electorales" del artículo 187 del Código Electoral, eliminó el obstáculo legal que mantenía Correa para ser candidata al cargo de alcalde.
Señaló que "de acuerdo con el fallo de la Corte, el delito por el cual fue condenada Correa en 1994 no atenta contra la libertad y pureza del sufragio y que aceptar la teoría de los impugnantes implica que desde ese año la funcionaria hubiese quedado impedida de ejercer el cargo".
Al escuchar el veredicto, Correa rompió en sollozos y fue abrazada por el candidato presidencial de Acción Opositora, Alberto Vallarino y su segundo vicepresidente en la nómina, Joaquín Franco.
Correa aseguró que el "fiscal Solís fue puesto en ese cargo para perseguirla, pero que se impuso el derecho por encima de las zancadillas y leguleyadas inventadas en su contra por el PRD".
Aseguró que "dejará atrás este episodio y ahora se dedicará a trabajar para lograr el triunfo de Acción Opositora en la campaña del próximo 2 de mayo".
Por su parte, el presidente Ernesto Pérez Balladares dijo que "el Tribunal Electoral ha fallado en derecho y todos estamos en la obligación de acatar su decisión".
Aseguró que "la decisión le resulta absolutamente indiferente" y sostuvo que no promovió la impugnación contra Correa y que siempre confió en que la decisión iba a darse sin atender consideraciones políticas.
El fiscal Solís aceptó el fallo de los magistrados y explicó que "una de las consecuencias de esa decisión es la necesidad de introducir cambios al Código Electoral y a la propia Constitución Nacional".
Sostuvo que no lo animó ningún tipo de persecución política contra Correa y que acogió las impugnaciones como lo ha hecho en otras ocasiones, pero que se ha querido hacer ver un trasfondo político en su actuación.
