El procurador de la Administración encargado, José Juan Ceballos, estimó que el pago de las indemnizaciones a las empresas concesionarias de los puertos de Balboa y Cristóbal cumplen con las normas legales establecidas y pidió rechazar la solicitud presentada por la Dirección Nacional Contra la Corrupción.
Ceballos solicitó a los magistrados de la Corte rechazar la demanda de nulidad presentada por el exdirector Nacional Contra la Corrupción, Herbert Young, para el pago de las indemnizaciones a las empresas See Buy and Sail, International Sea Land Terminal y otra empresa cuyo nombre no fue suministrado, que ascienden a la suma de B/.2,561,453.
Según Ceballos la petición presentada por Young carece de fundamento legal que la sustente y que los demandantes sólo han podido señalar posibles infracciones en las que hayan podido incurrir las autoridades administrativas en el manejo de las indemnizaciones.
Herbert Young presentó sendos recursos de nulidad contra las resoluciones expedidas por la Autoridad Marítima Nacional por las cuales se ordenaba el pago de indemnizaciones por un monto de B/.849,925 a la empresa See Buy and Sail, a la compañía International Sea Land Terminal por un total de B/.907,770 y a la otra empresa por B/.803,558.
Según el recurso presentado por la Dirección Nacional Contra la Corrupción, señalaba que la infracción consiste en que la subcomisión de indemnización nombrada por la Autoridad Marítima Nacional tomó en consideración como utilidad anual, el promedio del mejor y del peor año a lo de ganancias de la empresa, lo que implicaba tomar en cuenta todas las declaraciones juradas de renta y no el promedio del mejor y el peor año de ganancia y con esa medida se dejó de considerar períodos fiscales en los que hubo pérdidas por parte de la empresa.
El pago de las indemnizaciones se ordenó por la terminación anticipada de los contratos de concesión de arrendamiento suscritos con la antigua Autoridad Portuaria en los puertos de Balboa y Cristóbal.
La Dirección Nacional Contra la Corrupción presentó varias acciones contra las empresas que mantenían concesiones en los puertos de Balboa y Cristóbal por presuntas anomalías en el otorgamiento de los pagos por la terminación adelantada de los contratos.
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