Cifras
- 1,000 es el número provisional de vehículos tipo panel que ofrecen el servicio ilegal en la provincia de Panamá y Panamá Oeste, según la ATTT.
- $1.50 es el precio del pasaje por la ruta Corredor Norte Santa Librada, Torrijos Carter o La Cabima.
Gremios transportistas consideran innecesario el uso de gobernadores
- Una de las medidas que deben adoptar los conductores de los vehículos informales en Panamá es la adaptación de un gobernador o regularizador de velocidad, tal como lo utilizan las 1,200 unidades de Mi Bus. Sin embargo, ya hay dirigentes del transporte que aseguran que este aparato no es necesario en la capital. Uno de ellos es Tomasito López, que piensa que se deben aplicar a los vehículos que viajan al sector oeste. “Nosotros estamos de acuerdo que se utilicen para los busitos de Panamá Oeste, pero no nos parece necesario que se instalen en los vehículos que viajan en la ciudad porque aquí no hay vías despejadas por el hecho del tráfico pesado todo el día y conducidos a 30 kmph”.
El Estado panameño podría enfrentar una segunda demanda de la empresa Mi Bus, si cumple su objetivo de formalizar a los más de mil vehículos que prestan de forma ilegal el servicio de transporte público en varios sectores de la capital y la provincia de Panamá Oeste.
A esta conclusión han llegado conocedores en materia jurídica y dirigentes del transporte, quienes se oponen a que el actual gobierno le abra las puertas a la ilegalidad al permitir que vehículos que no cumplen con ninguna regla establecida por las autoridades del tránsito brinden el servicio.
Para el abogado Miguel Antonio Bernal el Estado está en desventaja porque los “piratas” se afianzaron desde que la concesionaria colombiana no cumplió con la cantidad de buses requeridos para afrontar la demanda de usuarios y la frecuencia de estos.
“Están en problema por la permisividad que se ha tenido con los denominados buses piratas... es una flagrante violación al contrato firmado con Mi Bus y el Estado tiene que respetarlo”, expresó Bernal.
Por su parte, Rafael Reyes, dirigente de los transportistas cristianos de Panamá, señaló que la autoridad hace mal en avalar a quienes desde un principio han operado tras la ilegalidad e irregularidad por violar los límites de velocidad, por llevar vidrios ahumados, música alta, entre otras muchas anomalías. “Los buses piratas son una competencia desleal, aparte de que circulan a muy alta velocidad y representan un peligro para sus clientes”, dijo.
A juicio de Esperanza Mena, de la Fundación para la Protección del Usuario del Transporte Público, los “piratas” resuelven a una población desesperada; aunque afirmó que esto no debe ser excusa para legalizarlos. “Esto no va a resolver la situación de un día para otro. Tanto el Gobierno como la concesionaria deben sentarse a aclarar cómo van a hacer para que el usuario quede satisfecho con el servicio”, sostuvo.
Recientemente, el ministro de Gobierno, Milton Henríquez, anunció la realización de un censo para contabilizar cuántos de estos minibuses operan de manera ilegal en la capital como en Arraiján y La Chorrera. Luego de esa advertencia, el último fin de semana se entregaron más de 400 citaciones en San Miguelito, Panamá Norte, Panamá Este, Arraiján y La Chorrera. Es por eso por lo que ayer lunes acudieron a la sede de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) a una reunión con los directivos de esa institución.
Al final, Julio González, nuevo director de la ATTT, informó que se trató de una verificación para acomodar a estos conductores y no para legalizarlos. “Este censo es para conocer quiénes son las personas que están brindando el servicio. El problema de movilidad en la capital no se resuelve eliminando la flota, sino buscando medidas de seguridad que les dé tranquilidad a sus usuarios”, indicó.
Posterior al censo, el Estado deberá tomar una decisión con respecto a los piratas, concluyó el funcionario.
