El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Gobierno buscarán legalizar el estatus de cientos de refugiados que viven en el país, sobre todo los provenientes de países centroamericanos.
La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional se convertirá en mediador entre la ACNUR y el gobierno, a fin de otorgarles un estatus legal a casi la mitad de los 836 refugiados que hay actualmente en el país.
Según el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Rogelio Paredes, la mayoría de los 836 refugiados son de nacionalidad salvadoreña y nicaragüenses, y tienen más de veinte años de vivir en Panamá e incluso sus hijos han nacido en este país.
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