Mientras que una alta fuente de la Corte Suprema de Justicia informó a El Panamá América que la Asamblea Legislativa no tiene facultad para declarar nula la investigación desarrollada por el Procurador de la Nación sobre el CEMIS.
El informante, quien pidió reserva de su nombre, dijo que esa facultad sólo le corresponde a la Corte, que es la que juzga a los legisladores y por ende a ella le corresponde tomar las decisiones en este caso.
Agregó que la Asamblea puede decidir no levantar la inmunidad de sus legisladores, pero que en el caso del CEMIS existen particulares sobre los cuales ese órgano del Estado no tiene ninguna competencia.
A la vez destacó que en estos momentos el expediente del CEMIS se encuentra bajo análisis por parte de los magistrados de la Corte para determinar si está de acuerdo con la recomendación hecha por el Ministerio Público de llamar a juicio a algunos legisladores y particulares.
Por otra parte, la fuente consideró que la investigación adelantada por el Ministerio Público se inició cuando los legisladores se encontraban de vacaciones y no tenían inmunidad, por lo que en ese momento el procurador José Antonio Sossa no requería de ninguna autorización para empezar las pesquisas.
En tanto, Martinelli aseveró que “estos legisladores no son ningunos honorables, sino unos sinvergüenzas que le han pasado un nuevo madrugonazo más al pueblo panameño”.
Martinelli pidió el inicio de una campaña en contra de la reelección de los legisladores.
Visiblemente molesto, Martinelli expresó, en RPC Radio, que esta es una nueva “bribonada” de los legisladores y reiteró que quienes votaron aprobando esta resolución son unos sinvergüenzas que están “alentando y fomentando la corrupción”.
“Esto no tiene nombre”, argumentó y agregó que lo ocurrido busca “taparse los unos con los otros” en la Asamblea Legislativa.
Agregó que los partidos Revolucionario Democrático y el Arnulfista se han puesto de acuerdo para cometer “este atropello en contra de la justicia y del pueblo panameño”, por lo tanto merecen ir presos todos estos legisladores, que de una u otra forma han actuado en contra de la moral y la decencia.
La resolución sobre el CEMIS recibió 39 votos a favor y 14 en contra. La misma fue presentada a las 11:30 de la noche del domingo por el legislador Jacobo Salas, presidente de la Comisión de Credenciales, pero no fue votada sino hasta las 3:00 a.m. del lunes en la sesión de clausura.
Esta resolución fue aprobada a través del voto secreto, para lo cual se colocó una urna transparente en el estrado central del Pleno Legislativo y cada legislador emitió su voto mediante una papeleta que se les había entregado previamente en sus respectivas curules.
Sobre la metodología del voto, el legislador arnulfista, José Blandón, aclaró que esta no es una decisión caprichosa de los legisladores, sino que el Reglamento Interno de la Asamblea establece que la votación donde se decide si se levanta la inmunidad parlamentaria "será secreta".
A juicio de Blandón, en la denuncia hay señalamientos concretos contra legisladores de la oposición y no así contra los de gobierno.
Blandón cuestionó al procurador José Antonio Sossa porque no llamó a declarar al candidato presidencial del PRD, Martín Torrijos, cuando la dirigencia de ese colectivo fue señalada por el legislador Carlos Afú como involucrada.
Por medio de la citada resolución se determina también no admitir la renuncia de la inmunidad de los legisladores que voluntariamente tomaron esta decisión.
El pleno declaró la nulidad de lo actuado por el procurador Sossa en el caso CEMIS y las investigaciones por la ratificación de los magistrados Winston Spadafora y Alberto Cigarruista, al considerar que ésta no contó con la autorización previa de la Asamblea, que los elementos probatorios fueron genéricos y además que el Ministerio Público no cumplió con el debido proceso. Por otra parte, el candidato presidencial del PRD, Martín Torrijos, emitió un comunicado en el que manifiesta que hubiera preferido que las investigaciones sobre el CEMIS llegaran hasta el final.
Argumenta que las investigaciones realizadas por la Procuraduría durante año y medio, demostraron que no existe vinculación alguna ni por parte de los legisladores del PRD, ni por parte de nuestros aliados.
Aunque la votación demuestra que hubo algunos legisladores del PRD que votaron a favor de archivar el expediente, Torrijos destaca que en el momento más importante de las investigaciones, todos los legisladores de este colectivo se levantaron la inmunidad de forma voluntaria.
Angélica Maytín Justiniani, directora ejecutiva de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, lamentó el comportamiento de los legisladores, porque aun los panameños seguimos esperando justicia.
En tanto, la directora ejecutiva de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, Magaly Castillo, consideró que la decisión de los legisladores de gobierno y oposición de no levantarse la inmunidad, "es un acto de promover impunidad" en el país, lo que es contrario al ideal de los ciudadanos de que se investiguen los actos de corrupción.
Castillo estimó que la gente quiere saber si hubo o no soborno en el caso de la aprobación del polémico proyecto del CEMIS y criticó que esta decisión se haya aprobado a la hora que se hizo, pues fue uno de los últimos temas objeto de discusión.
Por su parte, la Corte Suprema deberá determinar la legalidad o no de la resolución aprobada por la Asamblea Legislativa, advirtió el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Carlos Vásquez, quien argumentó que es una "señal triste" que se le envía al país.
Precisó que la última palabra la tiene la Corte Suprema de Justicia, porque habría que analizar qué tipo de sustento jurídico apoya la resolución.
Adelantó que lo actuado por la Asamblea constituye una demostración reiterada de convertir la protección constitucional en un escudo contra la "verdad" y limitar el desempeño de la Corte en uno de los casos que más han estremecido los cimientos de la República.
