El legislador Víctor Méndez Fábrega propuso ayer la aprobación de una ley fundamentada en un fallo de octubre de 1998 en el cual la Corte Suprema de Justicia determina los casos en que se puede autorizar a determinada autoridad el "pinchamiento" de una línea telefónica.
No se puede permitir que actos como estos que podrían incluso ser considerados como violatorios a la Constitución Nacional se apliquen a "lo loco" o de manera unipersonal por un funcionario, sin importar la jerarquía que tenga.
Lo ideal sería reglamentar todo el procedimiento que señaló la Corte Suprema de Justicia en el fallo que emitió en 1996 en base a una demanda de inconstitucionalidad presentada en contra de la ley que permite "el pinchamiento" de los teléfonos.
Sin embargo, el legislador dijo que tal iniciativa corresponde a la Asamblea Legislativa como Organo del Estado encargado de elaborar y aprobar las leyes que rigen el destino de este país.
A juicio del legislador una acción como esta no se puede dejar abierta para que un funcionario judicial o de investigación haga su propia interpretación del fallo y decida a quién le interviene el teléfono.
Méndez Fábrega dijo que si bien es cierto principios rígidos como la inviolabilidad de las líneas telefónicas y la correspondencia, así como la privacidad a que tienen derecho los ciudadanos están establecidos en la Constitución Nacional, la tendencia internacional es permitir que se vulneren cuando se trata de delitos como el narcotráfico y en otros casos graves.
Indicó que la delincuencia ha logrado tal avance y tienen a su alcance la más moderna tecnología, lo cual obliga a las autoridades que la combaten a hacer uso de todo tipo de armas legales para hacerles frente.
El escándalo de la "pinchada" de teléfono de parte del Procurador José Antonio Sossa surgió cuando se conoció que el máximo funcionario de la Procuraduría de la Nación ordenó el espionaje telefónico del juez Lau Cruz.
Sin embargo, el funcionario al ser criticado por esta decisión emitió un comunicado donde señalaba que la ley lo amparaba y que él era el único funcionario legalmente autorizado para ordenar la intervención de las llamadas.
Pero, a las declaraciones del Procurador Sossa surgieron, en forma inmediata, las del magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia Arturo Hoyos, quien advirtió al funcionario que él no tiene una "autorización en blanco ni amplia" y le recordó que esta es una "injerencia en la vida privada de las personas".
