A partir de mañana, los 71 legisladores de la República perderán su inmunidad parlamentaria y podrán ser investigados como cualquier otro ciudadano por algún delito que cometan o causa pendiente que tengan ante los tribunales.
Según el artículo 149 de la Constitución Nacional, "cinco días antes del periodo de cada legislatura, durante ésta y hasta cinco días después, los miembros de la Asamblea gozarán de inmunidad".
El mismo artículo dispone que "en dicho periodo no podrán ser perseguidos ni detenidos por causas penales o policivas, sin previa autorización de la Asamblea Legislativa".
La citada norma constitucional se ha convertido en el principal obstáculo que encontró el procurador general de la Nación, José Antonio Sossa, para investigar las denuncias por corrupción hechas por la aprobación del proyecto del Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (CEMIS) y por la ratificación de dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Las investigaciones que adelanta el Minis- terio Público se encuentran paralizadas desde hace varios meses cuando el procurador Sossa interpuso un recurso ante la Corte Suprema de Justicia en contra de la norma que regula el proceso para el levantamiento de la inmunidad de los legisladores.
Sossa ha advertido que está en disposición de reanudar las investigaciones por estos casos una vez los legisladores pierdan su inmunidad parlamentaria.
Mientras que el legislador perredista Carlos Afú, detonante de la crisis generada por estas denuncias, ha expresado que se mantendrá en Panamá y está en disposición de cooperar con las investigaciones que se adelanten al respecto.
