La Asamblea Legislativa paga anualmente B/.3.4 millones a 142 legisladores suplentes, indistintamente de que trabajen o no, aunque en todo el año no asistan a las sesiones de plenarias o las reuniones de las comisiones de trabajo, ingreso que no guarda relación con el nivel de productividad.
Actualmente los legisladores tienen dos suplentes, cada uno de los cuales recibe un pago mensual de B/.2,000, monto que a final de año hace un total de B/.24 mil para cada uno. Esa suma se cobra a razón de B/.500 para gasolina y B/.1,500 en concepto de viáticos.
Si se multiplican B/.2,000 mensuales por 142 legisladores, se logra un resultado de B/.284,000 al mes, monto que multiplicado por doce meses del año se eleva a B/.3,408,000.
Por estos ingresos los legisladores suplentes no pagan seguro social, impuesto sobre la renta, seguro educativo, ni ningún otro impuesto que pagan los panameños que trabajan.
Eliminar el pago de estos emolumentos fue una de las recomendaciones que hizo la Comisión Presidencial Anticorrupción y que evaluará la actual junta directiva de la Asamblea Legislativa.
Rubén Arosemena, presidente de la Asamblea Legislativa, afirmó que van a analizar cada una de las recomendaciones hechas por esta comisión, entre las cuales mencionó el pago que se hace a los legisladores suplentes.
Para tales fines se designó al legislador Wigberto Quintero, al frente de una comisión que debe evaluar las recomendaciones hechas por la Comisión Presidencial Anticorrupción.
Quintero dijo que en el caso que se decida eliminar estos emolumentos que perciben los legisladores suplentes, sería para los que resulten electos en las próximas elecciones y no para los actuales.
Agregó que hay que tomar en cuenta que la mayoría de los legisladores suplentes ya adquirieron compromisos bancarios, hicieron préstamos y otras transacciones, sobre la base de este ingreso y si se les elimina de buenas a primeras, podrían perder automóviles, casas, terrenos y otros bienes, lo cual se traduciría en un problema mayor.
El Panamá América trató de obtener la opinión de Omar Chavarría, presidente de la Asociación Nacional de Legisladores Suplentes, sin embargo éste, a través de un funcionario legislativo, respondió que debía hacer algunas consultas con la directiva de esta organización antes de pronunciarse al respecto.
Mientras que el legislador suplente, Aníbal Culiolis, uno de los pocos que asiste a diario a las sesiones legislativas, opinó que lo ideal sería que el pago de este dinero fuera reglamentado.
Coincidió con las críticas que se hacen, según las cuales no es justo que todos los legisladores suplentes, trabajen o no, reciban el mismo pago, sobre todo por el cargo que esto representa para el fisco nacional.
Actualmente muchos de estos funcionarios, además del ingreso que perciben como legisladores suplentes, desempeñan diversos cargos en instituciones del Estado, desde viceministros de Estado, subdirectores, asesores y otros puestos.
Culiolis expresó que hay que establecer claramente que lo que perciben los legisladores suplentes son emolumentos y no se pagan en concepto de salario, aunque se les entrega mensualmente.
El artículo 141 de la Constitución Nacional establece que "a cada legislador le corresponden dos suplentes, elegidos de igual modo y el mismo día que aquél, los cuales lo reemplazarán en sus faltas, según el orden de elección".
No obstante, no se establece nada con respecto a un salario o los emolumentos que éstos deben recibir por las funciones que reciben.
Mientras que el Reglamento Interno de la Asamblea establece que los "legisladores o legisladores suplentes devengarán una dieta y emolumentos que serán determinados por la directiva de la Asamblea Legislativa, que no serán inferiores a la vigencia fiscal anterior".
El pago de B/.2,000 mensuales a los legisladores suplentes está vigente desde la pasada Asamblea, año en que fungía como presidente el legislador Gerardo González, miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD). Anteriormente devengaban la mitad de ese monto.
A pesar de que este pago está vigente desde hace varios años, hasta el momento no está establecido en ninguna ley, decreto o norma, salvo en la Ley de Presupuesto General del Estado, razón por la cual no se requeriría de algún cambio legal para eliminarlos.
Los legisladores suplentes están protegidos por el fuero electoral que impide que se les despida de los cargos que desempeñan en el Estado, razón por la que muchos de los que son oposición mantienen algún cargo en diversas instituciones oficiales, mientras que los de Gobierno han conseguido un puesto en la actual administración.
Corresponderá a la actual directiva de la Asamblea evaluar la situación y determinar si al momento de elaborar el proyecto de ley de presupuesto para el año 2003, incluye o no la partida para el pago de los emolumentos a los suplentes.
