Las investigaciones adelantadas por la Policía Técnica Judicial (PTJ) señalan que el desfalco detectado en la Lotería Nacional de Beneficencia, fue realizado desde una sola computadora a la que sólo tenía acceso un funcionario del Departamento de Contabilidad, y que la lesión podría ascender a B/.1.5 millón.
Una fuente ligada a las investigaciones detalló que se investigó los paquetes de libretas de chances y billetes sobre los que una auditoría, reveló ciertas irregularidades en las cantidades que debía ser consignadas para su retiro.
También detalló que realizó una revisión de la lista de los billeteros a quienes se le efectuaron ajustes al momento de realizar el pago de sus libretas. Explicó que en esta revisión se detectó en la sección de cuentas corrientes en donde se reflejaban irregularidades por un monto de B/.10,000.
En las pesquisas se determinó que hubo una alteración de los valores de los registros en los libros que luego eran enviados al Departamento de Contabilidad, a quien se le había confiado la responsabilidad de verificar estos documentos.
A la vez se conoció que en los informes se falsearon, omitieron y alteraron los números correspondientes a los ajustes realizados a los billeteros. En algunas diligencias realizadas se estableció que en el sorteo No. 4398-3087 del seis de julio pasado se efectuaron ajustes por un monto de B/.4,100 y para el sorteo No. 1911-2151 de ese mismo mes se ubicaron ajustes por B/.6,140.
Ante esta situación se ordenó la retención de las libretas a 29 billeteros y se ordenó la realización de una auditoría, para determinar el alcance de las irregularidades y si los malos manejos se extendían en el tiempo.
Dentro de esta investigación se ordenó el arresto de Saúl Samaniego, Luis A. Flores y Waldo Bailey, por las alteraciones encontradas en el manejo de los pagos realizados por los billeteros para el retiro de sus libretas.
Por estas irregularidades se le ha tomado declaración jurada a 35 billeteros a quienes se les encontró alguna irregularidad en el pago de sus libretas, para determinar si esto se produjo producto de algún tipo de arreglo previo o si se realizó sin su conocimiento.
El EIA se efectúa desde hace dos meses y se espera que a finales del presente año haya culminando, aunque de acuerdo a Miranda, no hay una empresa que pueda justificar una carretera por ese sector.