La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia admitió cuatro amparos de garantía presentados contra la orden del Tribunal Marítimo, que autorizaba el secuestro de bienes a la empresa Petroterminales de Panamá, S.A. (PTP), hasta por B/. 500 millones por un derrame de petróleo ocurrido en la provincia de Bocas del Toro.
También se suspendieron las medidas cautelares sobre los bienes de las empresas Castor Petroleum LTD y PTP.
La resolución también admitió a la firma Guerra y Guerra como terceros interesados en representación de las comunidades Cayo de Agua, Isla Tigre, Playa Lorenzo, Isla Patterson, Boca del Río Tory, quienes presentaron la denuncia y solicitaron el secuestro, por supuestos daños ecológicos debido al derrame de petróleo en el área de Chiriquí Grande, Bocas del Toro.
Mediante este tratado, Panamá y Estados Unidos se comprometieron a adoptar, mantener, implementar y observar efectivamente las obligaciones bajo los acuerdos que rigen el comercio mundial.
