La discrepancia entre los concejales capitalinos y la alcaldesa Roxana Méndez por el rechazo al proyecto de presupuesto municipal para 2013, abrió la posibilidad de que se revise la Ley 105 de 1973, que organiza las juntas comunales y se les señalan sus funciones.
Lo anterior se plantea luego que la alcaldesa mostró su disconformidad en que se trasladen partidas a las juntas comunales sin ningún tipo de presentación ni rendición de cuentas.
“Tenemos que distribuirlo y que se sustente en una planificación”, sostuvo Méndez, quien es de la postura de que los representantes deben rendir a la Alcaldía un informe de los recursos que manejan.
La Ley 105 solo se refiere a los informes que los representantes deben entregar a la Contraloría General.
El concejal Carlos Pérez Herrera, de San Francisco, respondió a la petición en que “son los representantes quienes podemos exigir un informe de cómo se utilizan las partidas del Municipio a la alcaldesa y no al revés. Nosotros estamos respetando la ley que habla de un informe mensual a la Contraloría”, expresó.
