Ley 61 nació con cara de ángel

El entonces legislador perredista Lorenzo Acosta presentó, en una monótona sesión de junio de 1999, el Proyecto de Ley 119. Dijo que tenía un "alto contenido social" para garantizarle una jubilación a aquellos funcionarios que ingresaron tarde al servicio y que por su avanzada edad ( 75 años y más), no iban a tener la oportunidad de completar todas las cotizaciones que demanda la ley de seguridad social.
Transcurrieron varios días y ningún legislador advirtió lo que había detrás de la iniciativa. Fue el entonces legislador Víctor Méndez Fábrega, del Papa Egoró, quien denunció que había un trasfondo oculto del Partido Revolucionario Democrático (PRD) con el proyecto de ley, y era impedir que el magistrado José Manuel Faúndes, volviera a la Corte Suprema de Justicia.
El ex magistrado Edgardo Molino Mola declaró en ese entonces que también había tenido conocimiento, desde hacía cuatro meses, que el PRD daba forma a una ley para impedir el regreso de Faúndes a la Corte Suprema de Justicia.
Faúndes había enfrentado un juicio de varios meses en 1996, en la Asamblea Legislativa, bajo tres cargos que le formuló el procurador José Antonio Sossa.
El juicio terminó sin decisión de la Asamblea debido a que el fiscal del juicio, el legislador Roberto Abrego, interpuso una advertencia de inconstitucional para lograr que los magistrados fueran enjuiciados con la mayoría simple de la Asamblea y no por los más de dos tercios de sus miembros.
En ese ínterin, la bancada del PRD propone el Proyecto de Ley 119, al que luego se le denomina Ley Faúndes.
El 10 de julio de 1998, el pleno de la Asamblea aprobó en tercer debate el proyecto No. 119 por 40 votos a favor y 16 en contra. El 20 de agosto de 1998, el mandatario perredista Ernesto Pérez Balladares lo convierte en Ley de la República.
La Ley 61 de 20 de agosto de 1998 no se le puede aplicar al magistrado, ya que no es de carácter social y no puede ser retroactiva.
La nueva ley resiste demandas de inconstitucionalidad, presentadas por varios afectados, principalmente por más de 70 docentes universitarios despedidos por su aplicación.
En la esfera judicial se resuelve negativamente la demanda de inconstitucionalidad que había presentado el fiscal del juicio contra Faúndes, Roberto Abrego.
El 12 de abril de 2000, la Asamblea Legislativa vota sobre los delitos imputados al magistrado Faúndes.
En ninguno de los tres cargos formulados se obtuvo la mayoría de votos para lograr la condena del magistrado, quien resulta absuelto de los delitos contra la libertad individual, abuso de autoridad e infracciones de los deberes de los servidores públicos y usurpación de funciones públicas.
Finalmente, el 5 de septiembre de 2002, Faúndes, a los 86 años, renunció al cargo de magistrado del cual fue nombrado en 1990 por el mandatario Guillermo Endara y cobró en salarios caídos más de B/.400 mil, aprobados durante la administración de la arnulfista Mireya Moscoso.